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por la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, mares adyacentes, Antártida Argentina y por el relevamiento de nuestras 350 millas

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INTERPONEN RECURSO JERÁRQUICO - Expediente Nº 12.478, fecha 19 de diciembre de 2008

 

Se presentó este viernes 19 de diciembre en el ministerio de Relaciones Exteriores, el recurso jerárquico suscrito por los ciudadanos argentinos Mario Cafiero, Hugo Melgarejo, Virginia del Valle Martínez de Philippeaux, Virginia Loures, Santiago Tettamanzi, Pablo Boggio Marzet, Pablo Crocchi, Eduardo Lualdi, José Parada, Lorenzo Rodríguez, Horacio Micucci y Gustavo Breide Obeid.

 

El texto que reproducimos a continuación rechaza la denegatoria dictada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al pedido de Audiencia Pública oportunamente solicitado.

 

Informamos asimismo que por carta del Defensor del Pueblo de la Nación fechada el 17 de diciembre del corriente, el Dr. Eduardo Mondino, por intermedio de la Dra. María Florencia Sturla, remitió copia de la Resolución Nº 2385/08 del citado ministerio, en la que se establecen los fundamentos del rechazo al legítimo pedido de Audiencia Publica solicitada, y que respondimos, como ya señalamos, por carta al Dr. Taiana, este viernes 19 próximo pasado.

 

 

INTERPONEN RECURSO JERÁRQUICO

Expediente Nº 12.478, fecha 19 de diciembre de 2008

 

Al Sr. Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto

Canciller Don Jorge Enrique TAIANA:

 

Nos dirigimos a Ud. en el Expediente Nº  45130/2008, y por vuestro intermedio lo hacemos a la Excma. Sra. Presidente de la Nación Argentina, con el objeto de interponer RECURSO JERARQUICO (Arts. 89 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72, t.o. y sus modificatorias) contra la Resolución 2385/08 dictada por el Ministerio a vuestro cargo conforme las consideraciones que seguidamente pasamos a exponer.

 

Entendemos que la Resolución impugnada viola los principios básicos que hacen a la publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública que garantiza nuestra Constitución Nacional a través de sus artículo 1, 33, 41, 42 y concordantes y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales. Esta cita emerge de los propios “considerandos” del mismo Decreto 1172/2003 que, con diferente finalidad, son citados en el acto recurrido.

 

En la Resolución 2385/08 se cita el Artículo 3º del Anexo I del Decreto aludido en el párrafo precedente. Dicho precepto dice textualmente: La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión.

 

Seguidamente el Artículo 4º expresa la FINALIDAD de la Audiencia Pública en los siguientes términos: “La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.”

 

En ninguna parte del texto legal se sostiene que la Audiencia Pública solo puede tener lugar como “instancia previa a una decisión que debería ser identificada por el solicitante”. Esta es una interpretación peligrosa que tiende a restringir el proceso de transparencia y finalidad que la propia normativa consagra según quedó dicho en las transcripciones expuestas.

 

La exigencia de identificar una decisión administrativa concreta no es en absoluto consagrada por el texto legal sino que viene a contravenir la “ratio legis” prohibiendo (por vía interpretativa) lo que la ley no prohíbe.

 

Lo que requiere de la normativa citada es la necesidad de exponer un MOTIVO SUFICIENTE para convocar a una audiencia pública y ello no puede confundirse con la inminencia de una decisión administrativa ya que, por ser esto último potestad del Poder Ejecutivo, bastaría que cualquier aspecto fundamental para los intereses de la Nación sea valorado como superfluo o innecesario por el poder de turno y se cierre, por su mero arbitrio, el tratamiento público de un tema sustancial.

 

En otras palabras, la decisión del llamado a una audiencia pública debe emerger de aspectos inherentes a la importancia notoria del objeto propuesto para su tratamiento y no desde la perspectiva que el P.E.N. tenga respecto de si conviene dictar o no un acto administrativo al respecto en un futuro inmediato. Justamente, la finalidad participativa e informativa de la audiencia tiende a consagrar el interés y la contribución ciudadanas en un aspecto capital que puede o no estar precedido de la importancia anticipada que le haya brindado el Estado.

 

Ante este débil sustento del acto administrativo impugnado, aparece un segundo fundamento mucho más irritante: el secreto como principio genérico de ciertos actos de gobierno. Precisamente todo lo opuesto al concepto republicano que consagra nuestra Constitución y el decreto aludido.

 

Es realmente inverosímil que se argumente “…la inconveniencia de discutir públicamente cuestiones directamente relacionadas con la disputa de soberanía aun no resuelta…”. En realidad las decisiones sustanciales sobre nuestras islas Malvinas y la situación en el Atlántico Sur y Antártica Argentina, casi siempre han sido adoptadas en ámbitos “privados” y no públicos. Los pésimos resultados alcanzados se exponen por sí solos.

 

Parece más increíble aún que TODA información oficial sobre este tema sea catalogada como “reservada” bajo el pretexto que fuere. Se entiende que alguna puede ostentar tal calificación pero de ninguna manera éste debe ser el principio y menos aún cuando se trata de implementación de acuerdos internacionales y comunicaciones a ellos vinculadas.

 

No está en nuestro ánimo facilitar información desconocida por la contraparte británica; pero si ésta información ya es de conocimiento de los británicos, resulta insensato pensar que dicha información pueda ser sustraída al conocimiento de los ciudadanos argentinos 

 

Carece de toda lógica suponer que la toma de conocimiento por parte de ciudadanos argentinos de “documentos, opiniones e informaciones” ya conocidas por los británicos, pueda vulnerar la posición de la República Argentina. Más aún si se tiene en cuenta que dichos “documentos, opiniones e informaciones” fueron elaborados por algunos funcionarios, los cuales ahora sugieren denegar su difusión.

 

Solicitamos asimismo se informe y se dé a conocimiento -con copia auténtica- todos los documentos suscriptos por autoridades argentina y británicas durante el período posterior a la firma de los Acuerdos de Madrid o sea desde octubre de 1989 a la fecha; sean estos acuerdos, entendimientos, notas reversales o comunicados oficiales de prensa, declaraciones conjuntas suscriptas o aprobadas en forma bilateral o declaraciones unilaterales o interpretativas de alguna de las partes, o sea cual fuere la denominación o título bajo la que se adoptaron o suscribieron, referidas a la temática en cuestión. Dichos entendimientos y o declaraciones unilaterales son por su naturaleza de conocimiento de la diplomacia británica, y en la mayoría de los casos suscritos asimismo por una autoridad británica, por lo tanto su naturaleza no puede ser calificada como reservada, ya que no se puede excluir a los ciudadanos de una república, la Argentina, de lo que es de conocimiento de las autoridades británicas.

 

Preocupan que puedan existir -tal como manifiesta el Canciller en la Res. 2385/08 -documentos cuya difusión “podría vulnerar la posición de la República Argentina”. Si estos documentos fueran desconocidos por la parte británica admitiríamos en principio una cierta razonabilidad en la reserva; ahora bien, si se trata de documentación conocida, registrada o suscripta por la parte británica, la denegatoria de información constituye un ocultamiento incompatible con el sistema republicano de gobierno, la CN y las leyes vigentes.

 

Asimismo solicitamos se informe si estos documentos fueron puestos en su oportunidad en conocimiento del Congreso Nacional y de la Jefatura de Gabinete, tal como establece la CN y si se dio cumplimiento al articulo 103 de la misma, que señala que: Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.”

 

Por todo lo expuesto solicitamos:

 

1) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente RECURSO JERARQUICO.

 

2) Oportunamente, la Sra. Presidente de la Nación disponga revocar el acto recurrido y ordenar la convocatoria solicitada.

 

Saludamos a Ud. con distinguida consideración.

RESOLUCION Nº 2385/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

 

Buenos Aires 24 de noviembre de 2008-12-20

 

 

 

RESOLUCION Nº 2385/2008 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

 

Visto el Expediente Nº 45.130/2008 del registro de este Ministerio, la Ley de Ministerios Nº 24.190 y el Decreto Nº 1.172/2003, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud efectuada por el señor Mario Cafiero y otros presentantes requiriendo la “urgente realización de una audiencia sobre la situación en el Atlántico Sur y Antártida Argentina, en los términos y plazos establecidos en el Decreto Nº 1.172/2003”.

Que por el Decreto Nº 1.172/2003 se aprueba el “Reglamento General de Audiencias Públicas” (Anexo I) en el marco de un ordenamiento normativo tendiente a garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a acceso a la información pública.

Que sus disposiciones resultan de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la juridiscción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que toda persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar mediante presentación fundada ante la autoridad convocante la realización de una Audiencia Pública.

Que el artículo 3 del Anexo I del Decreto Nº 1 1.172/2003 establece “la audiencia pública constituye una instancia de participación en proceso de toma de decisión…”

Que la audiencia pública constituye una instancia previa a una decisión de la administración que debería ser identificada por el solicitante.

Que del pedido de audiencia formulado no resulta posible identificar la decisión específica de la administración respecto de la cual los recurrentes desean expresar su opinión.

Que, por otra parte, la Dirección General de Malvinas y Atlántico Sur de este Ministerio puso de relieve la inconveniencia de discutir públicamente cuestiones directamente relacionadas con las disputa de soberanía existente entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE referida a las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR y los espacios marítimos circundantes, en razón de tratarse de una disputa de soberanía aún no resuelta, en cuya gestión los sucesivos gobiernos nacionales siempre han aplicado la debida reserva.

Que asimismo, el procedimiento de la audiencia pública podría dar lugar a la difusión de documentos, opiniones e informaciones que podrían vulnerar la posición de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que cabe también tener en cuenta que el artículo 16 inciso a) del Reglamento General de Acceso a la información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado como Anexo VII del Decreto Nº 1.172/08 establece como excepciones para proveer la información requerida, la expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior.

Que tomado debida intervención la dirección General de Malvinas y Atlántico Sur, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Consejería Legal, la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Deniégase la solicitud de audiencia pública solicitada por el señor Mario CAFIERO y otros presentantes.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 

RESOLUCIÓN Nº 2385

 

Suscriben la Resolución:

 

Hernán Darío Orduna, Embajador, Subsecretario Legal, Técnico y Administrativo

 

Rodolfo M. Ojea Quintana, Embajador, Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional

 

Dra. Paula Sidoti, Directora General, Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos

 

Eduardo M. de L. Airaldi, Embajador, Dirección General de Malvinas y Atlántico Sur

 

Osvaldo Marisco, Ministro, Subdirector Consejería Legal

 

Ricardo Larriera, Ministro, Jefe de Gabinete, Secretaría de relaciones Exteriores

 

Jorge E. Taiana, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.