Debates
Una política perjudicial
La provincialización del conflicto de
Malvinas
Por Eduardo Mariano Lualdi*
5 de septiembre de 2011
“Cuando Inglaterra ocupó nuestros
territorios en 1833, lo hizo sabiendo la importancia del control del paso
interoceánico Atlántico Sur – Pacífico Sur y que ese dominio le garantizaba un
punto de apoyo para sus objetivos geoestratégicos en America
del Sur en donde tenia (y tiene) importantes
intereses. Y cuando nos hizo la guerra en 1982, lo hizo sosteniendo aquel
postulado geopolítico de 1833 y agregando su decisión de controlar la puerta de
la Antártida y nuestra Patagonia. Desde Malvinas también, el Reino Unido
consolida sus posiciones hacia la otra gran orilla del Atlántico, el continente
Africano.
Con el respaldo de la Unión Europea avanzó
en sus pretensiones colonialistas y presentándose como país ribereño en el
Atlántico Sur en la Comisión de Limites de las Naciones Unidas, obtuvo así un
claro triunfo político.
La diplomacia argentina viene sosteniendo
desde 1989 como un “triunfo” argentino, la imposición del paraguas británico de
soberanía y el control de policía de nuestras FF.AA. aceptados en los llamados
Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y febrero de 1990 respectivamente. A esos
Acuerdos les siguieron otros, públicos y secretos, tan lesivos como los
mencionados y que fueron consolidando la presencia británica en el Atlántico
Sur. Hoy el Reino Unido con el respaldo de la UE, aspira a colonizar más de
cinco millones de kilómetros cuadrados y respalda esta decisión estratégica en
la más importante base militar inglesa en estas latitudes la base de Mount
Pleasant que se articula con otras de la OTAN.
La ocupación colonial de nuestros
territorios australes para transformar el Atlántico Sur en un lago británico y
poseer una plataforma de acción inmejorable para el control y dominio de la
Antártida y el subcontinente suramericano es una política de Estado del colonialismo británico
Argentina, desde 1982, siguió una política
de sumisión frente a la ocupación colonialista inglesa. Su más descompuesta versión
fue la del ministro Di Tella, quien ridiculizó a la Nación Argentina con su
política de “relaciones carnales” como
política exterior y de “seducción y
ositos winnie pooh”
para los kelpers. Entre otras muchas medidas, la
Argentina retiró de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su votación
el tratamiento de la cuestión Malvinas en donde siempre resulto favorable
incluso en 1982 -y hasta 1989-, y redujo el reclamo al Comité de
Descolonización o Comité de los 24, organismo de las Naciones Unidas de rango
subalterno y sin poder de resolución alguno. Hace algunas semanas, la Argentina
se hizo presente en dicho Comité con resultados similares a los que se suceden
año tras año. Allí Argentina no tiene mucho para ganar -como lo demostró
recientemente la visita a Buenos Aires del Presidente del Comité- y Gran
Bretaña nada para perder.
De Néstor Kirchner a Cristina Fernández de
Kirchner, el discurso oficial fueron rotando: de la “cobarde agresión argentina contra el Reino Unido” del primero, a la caracterización de
guerra justa de su esposa, luego.
Pero ese viraje de Cristina Fernández
de Kirchner no es acompañado por medidas que afecten realmente los intereses
económicos, diplomáticos y militares del Reino Unido. Por el contrario, muchas
medidas benefician los intereses británicos, como fue en su momento, la
concesión del principal yacimiento petrolífero en territorio continental (nos
referimos a Cerro Dragón) hasta el
Al colonialismo inglés no se lo va a
desalojar de nuestros territorios con declaraciones, “paper”, ni Resoluciones. Todos ellos
son necesarios pero nunca determinantes. Apoyándonos en la más amplia unidad
americana, esa que Perón sintetizó “del Río Grande al Polo Sur”, es decir, con
el trazado de una política continental frente a los enemigos externos de la
Argentina y la región, se hace indispensable tomar medidas que golpeen “la víscera más sensible del imperialismo
inglés”, su bolsillo. Y en esa unidad americana de la que hablaba Perón,
también diseñar una estrategia antártica continental. Ocupadas las Malvinas y
controlado de hecho el Atlántico Sur por el imperialismo inglés, bajo el
paraguas de la UE y el Acuerdo de Lisboa, y con la asistencia de la IV Flota de
EE.UU., la soberanía nacional (y por ende suramericana ) en la Patagonia,
el Atlántico Sur, archipiélagos australes y Antártida, está gravemente
comprometida.”
Estos son algunos de
los párrafos que pertenecen al artículo “La necesidad de definiciones contra la
ocupación colonial británica” de
24 de junio de 2011. Reafirmamos su contenido.
Otro aspecto no
abordado en dicho artículo por el enfoque del mismo, es la política oficial
sobre la cuestión Malvinas: la
provincialización del conflicto de Malvinas.
Al respecto conviene
releer detenidamente el trabajo “Lo que se viene en Malvinas” del
Ing. Mario Cafiero y Javier Llorens quienes analizaron este tema de manera
profunda.
Para no repetir los
múltiples temas del ensayo de Cafiero-Llorens, señalamos:
La provincialización del conflicto de Malvinas no tiene nada que ver con el
federalismo, aunque se pretendiera presentar como ejercicio del mismo;
La llamada política de
provincialización del conflicto de
Malvinas es una política dirigida directamente por el Ejecutivo Nacional a
través de su ministerio de Relaciones Exteriores;
Su objetivo es
permitir que el Poder Ejecutivo eluda sus indeclinables obligaciones frente a
la ocupación militar colonial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
El PE nacional usa la provincialización de la causa de Malvinas
como si se tratase de una medida extraordinaria, pero esta tiende a
"encapsular” la lucha por la definitiva recuperación de los territorios
usurpados, reduciéndola a un problema de carácter “provincial” cuando se trata
del mayor conflicto de ocupación colonial contemporáneo, y encubre el negociado
de los recursos petroleros de la Nación;
El gobierno nacional se niega a denunciar los Acuerdos
de Madrid de octubre de 1989 (paraguas británico de soberanía) y febrero
de 1990 (poder de policía de parte de la potencia ocupante sobre nuestras
FF.AA.), derogar la Ley de Garantía a la inversiones británicas; y denunciar y
derogar todos los Acuerdos, entendimientos, etc., públicos y secretos (1) que
desde 1982 han perjudicado gravemente los intereses nacionales frente a la
fractura territorial de la Argentina a manos de un potencia militar extranjera,
entre otras necesarias medidas;
El gobierno nacional impulsa la llamada política de provincialización del conflicto
de Malvinas minimizando y/o ocultando que la Argentina es un país con parte de su territorio
ocupado por una potencia militar extranjera y un país dividido por dicha ocupación militar colonial, amenazada la soberanía
de más de 5 millones de km2, su territorio continental y todo su
Sector Antártico;
El Poder Ejecutivo Nacional continua con la política de
indefensión frente a las potencias extranjeras, en especial del Reino Unido de
Gran Bretaña que es quien ocupa militarmente nuestros territorios.
Es necesario revertir esta política de
provincialización del conflicto de Malvinas denunciando sus nocivos efectos
contra los intereses soberanos de la Argentina.
Y es necesario revertir esta política de indefensión
que abarca:
La destrucción de todo el sistema de Defensa Nacional,
empezando por la destrucción de su estado espiritual porque, como señaló el My. (R) VGM Vizoso Posse en su discurso este 2 de abril próximo pasado, el
principal problema para la defensa nacional es “ir formando los guerreros,
porque el guerrero lo primero que necesita es el espíritu, después necesita un
arma, pero primero necesita el espíritu”;
Recuperar un equipamiento moderno y acorde para defender
la Patria de la voracidad de las potencias extranjeras, especialmente de la
potencia ocupante;
Recuperar la industria y el desarrollo técnico y
científico para la Defensa;
Y terminar con la extranjerización de tierras de
frontera estableciendo una nueva y moderna Ley de tierras de frontera
integradas a la Defensa Nacional, que incluya acuerdos con los pueblos y
naciones originarios, sosteniendo el camino de los Padres de la Patria de
construir una patria en la que “la
cordillera de los Andes sea la columna vertebral de una nueva y gloriosa
Nación”. (2)
1) Si se desea un
ejemplo más de estos Acuerdos secretos que venimos señalando, aprovechamos para
recordar el Acuerdo entre el Estado argentino y Gran Bretaña durante el
gobierno del Dr. Fernando de la Rua, que permitió
levantar el veto británico contra nuestro país que impedía que este fuera sede
de la Secretaria del Tratado Antártico; la ciudadanía aun no conoce los
términos reales de dicho Acuerdo.
2) Jorge Manuel Vizoso
Posse
* Eduardo M. Lualdi es Coordinador Nacional del Foro
Patriótico y Popular y Director de CUADERNOS para el encuentro en una nueva
huella argentina
Lo que se viene en MALVINAS
La
entrega del petróleo que el gobierno se trae bajo el poncho
La provincialización
del conflicto de Malvinas, y el Fideicomiso Austral, por el que se cedió
el 50% de las regalías petroleras offshore a Tierra del Fuego
Por Mario Cafiero y Javier Llorens
Junio
2010
Resumen ejecutivo
Una noticia se repite rutinariamente todos los años
para esta época referida al conflicto de Malvinas, monótona como las gotas de
lluvia. Ella nos dice que el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una
nueva resolución, donde pide a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido reanudar
las negociaciones para encontrar una solución pacífica a dicha controversia. La
resolución no solo no es ninguna novedad, sino que no tendrá ningún efecto
práctico. El Comité de Descolonización no tiene relevancia alguna en la
estructura de la ONU, al punto tal que hay que encontrarlo con lupa en el
organigrama. Hace más de 20 años que no produce resultado alguno. Y además este
año finaliza el plazo que se le fijó para la eliminación del colonialismo, sin
que se haya definido su continuidad.
Los medios nos informaron que en dicha sesión nuestro
flamante canciller lanzó un durísimo discurso anticolonialista. Los cuales
generalmente, conforme a la experiencia desde Menem en adelante, que prometía
tomar a las Malvinas a sangre y fuego, cuantos más duros son para conformar a
la tribuna, más inconsecuentes son en relación a los hechos. Si es que a la par
no viene camaleónicamente un gato escondido por liebre, como sucedió con Menem.
Esa teatralización parece repetirse nuevamente en esta ocasión. Posibilitando que
tras las bambalinas se consolide definitivamente el formidable negocio de la
explotación del petróleo de Malvinas por parte del Reino Unido, mediante la
conjugación de dos medidas dictadas recientemente por el actual gobierno, que
pasaron enteramente desapercibidas para la opinión pública. Con las cuales en
la práctica se ha establecido una peligrosísima diplomacia paralela en relación
a ese álgido conflicto.
Una fue la ley 26.552 de fijación de los límites de la
Provincia de Tierra del Fuego, por la cual las islas Malvinas y la Antártida
Argentina pasaron a ser jurisdicción de esa provincia. Que se convirtió así en
la más extensa de la Argentina y con la relación habitante por territorio más
baja del planeta. Pese que se ha querido mostrar a esta ley como una medida de
reafirmación de nuestra soberanía en los territorios usurpados, en los hechos
provoca una capitis diminutio
o minimalización del conflicto por Malvinas, que
pasará en la práctica a ser un conflicto interno de dicha provincia, y no de la
Nación Argentina. El conflicto geopolítico actualmente más importante en el
planeta Tierra, por el dominio de las islas del Atlántico Sur y los extensos
territorios marítimos circundantes, cuyos verdaderos antagonistas son el REINO
UNIDO, con sus aliados europeos; y ARGENTINA con sus potenciales aliados
sudamericanos, se ha minimizado así en una disputa de poca monta entre
malvinenses británicos y fueguinos argentinos.
La otra medida fue la cesión que hizo el Poder
Ejecutivo Nacional del 50 % de las regalías de la explotación off shore de
petróleo, incluidos los de la zona en disputa, a favor del Fideicomiso Austral
creado por dicha provincia, mediante un acuerdo firmado con el ministro de
Planificación e Infraestructura De Vido. El mismo
protagonista de los fideicomisos con Venezuela.
Si el Congreso Nacional destinara proporcionalmente su
tiempo a los montos económicos en juego, por cada hora que se ha abocado a
investigar los fideicomisos de Venezuela, debería dedicar 10.000 horas a
investigar este Fideicomiso Austral firmado por el ministro De Vido. Además el Congreso debería analizar no solo la
necesidad y conveniencia de este convenio, sino la validez del mismo dado ya
que con él se habría violado el Art. 103 de la Constitución Nacional, que
establece que “los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar
resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y
administrativo de sus respectivos departamentos”.
La articulación de esas dos medidas, dictadas en
simultáneo al desembarco británico con miras a explotar el petróleo de
Malvinas, sumadas a la facultades constitucionales otorgadas a las provincias
respecto a dominio originario de los recursos naturales, y de realizar acuerdos
internacionales, posibilitan que la gobernadora Fabiana
Ríos puede concretar discretos acuerdos de explotación de petróleo con las
compañías que están operando o pretenden operar en la zona de disputa. Y que
encuentran como obstáculo legal la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las
partes a no innovar unilateralmente en la explotación de los recursos del área
en disputa. Recibirá así Tierra del Fuego el pago de una simbólica regalía del
orden del 3 %, que la contraparte británica o los isleños, como ya lo han
deslizado de distintas maneras, no imputarán como pagos de regalías (que puedan
esgrimirse como un reconocimiento de soberanía argentina) sino como servicios
ambientales prestados desde las costas del continente.
Esta trasnochada solución, en la que el gobierno parece
estar operando en tándem con los intereses petroleros británicos, acarrea
gravísimos peligros para la posición jurídica argentina en el diferendo
Malvinas; incurriendo así los funcionarios intervinientes en negociaciones
perjudiciales que violan abiertamente la disposición transitoria Primera de la
Constitución. Allí se establece la "soberanía imprescriptible" y el
"ejercicio pleno de la soberanía" sobre las Malvinas, respetando solo
"el modo de vida de sus habitantes" y no sus “deseos”.
La jugada en la que parece estar empeñado entre gallos
y medianoche el gobierno, debilita absolutamente el ejercicio de la “soberanía
plena” por parte de Argentina sobre las islas y sus recursos, en este caso su
petróleo. Este vital recurso no renovable, que ha desencadenado las guerras
libradas en el último siglo, incluida la corta pero sangrienta Guerra de
Malvinas de 1982.
Por esta razón el RU astutamente insiste en que la
cuestión del petróleo es “un asunto exclusivo de los isleños”, porque es
la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos. Cuya
explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar
una era de prosperidad a Argentina, como sucedió con Noruega, Dinamarca,
Holanda, y Gran Bretaña con los yacimientos del Mar del Norte.
Muy lejos de este plan de entrega del petróleo, la
catástrofe protagonizada por BP en el Golfo de México, debería haber llevado a
nuestro país a fijar un curso de acción totalmente distinto. El sur del
Atlántico Sur y la Antártida es un ecosistema frágil, que debe ser preservado
de contaminación a toda costa. Conforme los principios de prevención (riesgo
cierto, daño dudoso) y de precaución (riesgo dudoso) que rigen en el Derecho
Ambiental, avalados por la OEA y la ONU, Argentina, lejos de pretender
asociarse muy minoritariamente a los usurpadores y potenciales contaminadores
-con todos los peligros diplomáticos y ambientales que ello implica-debería
requerir que se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera
del área en disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía
sobre la misma.
Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a
encarar negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha
actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente,
conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una
aventura que podría deparar resultados catastróficos.
Seguidamente se expone pormenorizadamente esta
gravísima cuestión, en el entendimiento que esta información debería servir
para que se reflexione sobre los graves peligros que se ciernen y se produzcan
rectificaciones absolutamente necesarias para defender nuestro inmenso
patrimonio austral.
Los
antecedentes personales del actual canciller:
Los camaleónicos antecedentes de nuestro canciller
Héctor Timerman, le quitan toda credibilidad a sus
palabras. En 1976 como director del diario LA TARDE propiedad de su padre,
apoyó fervientemente la instauración del Proceso Militar, colaborando en la
instalación del clima que justificó el golpe. Pero seguidamente la familia Timerman, pese haber sido un elemento mediático clave para
la perpetración del golpe, cayó en desgracia, porque algunos militares toscos
no lograban entender la conexión que habían descubierto entre Timerman y el banquero Graiver,
que había reciclado los dineros del secuestro de los hermanos Born perpetrado por los Montoneros. Y la relación de ambos
con Pedro Jorge Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa propiedad de Graiver, y primo del famoso José Alfredo Martínez de Hoz.
No les entraba en su coleto que era todo parte de un mismo paquete. Consistente
por un lado, en magnificar el fenómeno guerrillero mediante dudosos e
impactantes secuestros, y aún más dudosos rescates multimillonarios, reciclados
por Graiver y Martínez Segovia en el Banco Comercial
del Plata. (En los que a la larga, el secuestrador apareció como socio del
secuestrado, como es el caso de Galimberti y los
hermanos Born). Y por el otro magnificar aun más ese fenómeno
mediáticamente, para justificar la irrupción del sangriento golpe, que cambió
para siempre el curso de la historia, la economía, y la sociedad argentina.
Por esa razón, cargando el peso de ese fracaso de
mercenario periodístico al servicio del golpe, del que nunca dio debida cuenta
(ni tampoco menciona actualmente en su curriculum)
Héctor Timerman se exilió en 1978 a Estados Unidos,
donde adquirió ciudadanía norteamericana, que no es nada fácil de obtener.
Posteriormente, para borrar su perniciosa actuación anterior (en un vuelco
parecido al de Galimberti) regresó como abanderado de
los derechos humanos, pese su complicidad en la instalación del golpe que los
violó a mansalva. Eso le permitió a su padre cobrar una fabulosa indemnización
por los perjuicios que le había ocasionado el Proceso Militar, pese haber sido
uno de sus mentores mediáticos.
Luego en el 2003 se postuló como candidato a diputado
por el ARI de Carrió. Pero seguidamente con la
agilidad de un canguro buscando el calor del poder, pasó a militar en el ultrakirchnerismo, siendo premiado en el 2004, con el
consulado en Nueva York. Y luego en el 2007, con el cargo de embajador en
Washington, para el que tuvo que renunciar a su ciudadanía norteamericana,
desde donde saltó limpiamente a ocupar el puesto de canciller. Al conocer su
nombramiento la embajadora de EEUU en Argentina, Vilma Socorro Martínez,
manifestó que le parecía “grandioso” que estuviera al frente de la cancillería,
alguien que conoce tan bien a su país. Parece que actualmente los requisitos
para ser canciller argentino, es tener un alto conocimiento de los Estados
Unidos, como debían tenerlo del Reino Unido en los tiempos que estuvimos bajo
la férula británica. De esa manera la sobreactuada “V” de la victoria que
ostentó el flamante canciller después de su juramento, deja la incógnita de
quién es realmente el que ha vencido.
Cabe la pregunta de cómo este señor con los
antecedentes que cuenta de ostensible, público y notorio apoyo al Proceso
Militar, puede haber llegado a ser canciller de un gobierno que se dice
defensor a ultranza de los derechos humanos. Hay algo profundamente grotesco e
inauténtico en los últimos treinta años de la política argentina. En donde el
pasado de los personajes no existe para nada, o puede ser adaptado para
cualquier ocasión, y al final uno no sabe para quién realmente juega. Y donde
además, como se verá a continuación, lo que se dice nada tiene que ver con lo
que se hace, ni con lo que se piensa hacer. Y menos aun con lo que sensatamente
debe hacerse.
El engañoso
discurso del flamante canciller ante la ONU
A los dudosos antecedentes del flamante Canciller, se
suma ahora su sospechoso discurso. Tras denunciar la “aventura colonialista del
Reino Unido en el Atlántico Sur, basada en la rapiña de los recursos naturales
no renovables”, Timerman se explayó sobre los enormes
riegos ambiéntales que ella supone, trayendo a colación la catástrofe ambiental
producida por la plataforma de BP (British Petroleum-Amoco)
que se incendió en el Golfo de México. Además dijo que esos riesgos podrían
multiplicarse, al carecer esa aventura de apoyo logístico en las costas del
continente. Pero ni se le ocurrió apuntar la hipócrita desmesura de la postura
del Reino Unido, que afirma que “nada tiene que ver con la prospecciones en
las aguas de las Malvinas, que es un asunto de los isleños”. Pese a que
estos son solo 2.000 personas, que supuestamente quieren explotar para su
exclusivo beneficio, como jeques de un extenso emirato marítimo, el área del
millón y medio de kilómetros cuadrados que rodean las islas, equivalentes a la
mitad del territorio de Argentina, con todos los riesgos que ello implica.
Seguidamente Timerman se
despachó diciendo: “Mi Gobierno no es contrario a cooperar con el Reino
Unido en aspectos prácticos que se derivan de la situación de hecho imperante
en el Atlántico Sur, bajo el debido resguardo jurídico y con el objeto de crear
el marco propicio para que las dos partes podamos reanudar las negociaciones.
El Reino Unido, sin embargo, se considera por encima de los llamados de la
comunidad internacional, y desdeña la opinión de las Naciones Unidas. Se arroga
el derecho de ser el único árbitro, de cuándo, cómo e incluso de si se va o no
a negociar, y, por el momento manifiesta no estar dispuesto a hacerlo, quizás
con el objetivo de pretender consolidar su ilegítimo acto de fuerza nunca
consentido por la Argentina. Esto es inadmisible”.
La frase “cooperar con el Reino Unido en aspectos
prácticos”, tiene un rancio sabor a la nefasta política de los 90´ de “cooperación”
y “seducción”, que se materializó en los -aún vigentes-Acuerdos de Madrid, de
Menem, Cavallo y Di Tella. Ya nuestra presidenta
Fernández de Kirchner había hablado de “cooperación” en la reciente cumbre de
Jefes de Estado latinoamericanos realizada en febrero pasado en Cancún.
Pero ¿cuál es la cooperación que ahora se propone con
el Reino Unido? La pista la encontramos en la siguiente fotografía, donde
aparecen ufanos a la diestra de Timerman, el
embajador en la ONU Jorge Argüello, y a la siniestra la gobernadora de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fabiana Rios, ex ARI y cercana
ahora al gobierno nacional.
El primero con una carrera parecida a la de Timerman, pasó del menemismo, al cavallismo,
y luego al macrismo, y pudo asi
conservar su banca en diputados. Pese a la aparente divergencia en la visión de
las relaciones exteriores entre el kirchnerismo y el macrismo, Arguello fue premiado con la presidencia de la
Comisión de Relaciones Exteriores. Y en consecuencia en el 2006, ocupó la
presidencia del flamante Observatorio Parlamentario Malvinas, en cuya gestión
recibió agudas críticas por la tendencia probritánica de algunos miembros del
Consejo Asesor que designó. No obstante ello, su filiación macrista
y los nulos resultados del Observatorio, en el 2007 Argüello fue nombrado nada
menos que embajador ante la ONU, donde la cuestión de Malvinas tiene su centro
de gravedad.
Por su parte Ríos, debutó en las lides internacionales
cambiando la bocha de la soberanía por la del medio ambiente, ya que se
despachó diciendo: “Se trata de un problema medio ambiental en una
jurisdicción sobre la cual no podemos ejercer ninguna autoridad como es
Malvinas. Eso es lo que más nos preocupa”. A lo que Timerman
agregó “que las empresas británicas no le han presentado a la Argentina
ningún tipo de garantías ambientales”.
¡Caramba¡ Se trataba de una cuestión de “colonialismo
y rapiña” en abierta violación a “la soberanía sobre la totalidad de
nuestro territorio y el sostenimiento de un enclave colonial contra el imperio
del derecho, la historia, la razón y la justicia” como dijo Timerman en su resonante discurso. O solo una cuestión de
polución ambiental. Son cosas muy diferentes, como comenzar hablando de
religión y del destino del hombre en el cosmos, y terminar hablando de los
hábitos de higiene bucal. Pero lamentablemente no se trata de furcios verbales o frases sacadas de contexto, sino que
están en perfecta sintonía con hechos concretos que se han mantenido ocultos, o
se han aprobado sin el suficiente debate. Y que marcan un curso de acción que
necesariamente conduce a la entrega del petróleo malvinense.
El plan de
entrega del petróleo malvinense:
Esta política que conducirá a la entrega lisa y llana
del petróleo malvinense a los británicos, se aceleró a mediados del año pasado
como si el gobierno argentino estuviera operando en tándem con las necesidades
británicas. Así a la par que las compañías inglesas se preparaban para
despachar la plataforma de prospección Ocean Guardian, el gobierno nacional concretó un súbito
acercamiento con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, encabezado por la Rios. Que
olvidó su filiación al ARI, se plegó al kirchnerismo,
y como se verá, pasó a ser un puntal en esa política de entrega. A la que
además se le pretende conferir el carácter de “política de Estado”. Término con
el que se denomina en Argentina a aquellas acciones destinadas a joder al
pueblo o la nación, sea quien sea el partido que gobierne. Por esa razón
acompañaron a Timerman y Rios
en su periplo por la ONU, los senadores Filmus, Mestre y Giustiniani.
Pero esta “política de Estado” no es una improvisación
del actual gobierno. Se trata de un eslabón más de una misma política, cuyas
raíces se echaron en los ´90, producto de la ausencia de voluntad de
confrontación real por el tema Malvinas con el Reino Unido. Resultado de una
mezcla infame de incapacidad, impotencia, pusilanimidad, y tácita complicidad
por parte de la dirigencia, ante un desafío que no se anima a enfrentar, o no
sabe como hacerlo.Y por eso lo elude con discursos
tan encendidos, como vacíos de contenidos prácticos.
En estas nefastas “políticas de Estado”, no hay diferencias
entre el gobierno y los “monopolios mediáticos”. Por el contrario desde estos
permanentemente y desde hace mucho tiempo, se alienta un posibilismo pedestre y
supuestamente realista, propio del que se declara vencido de antemano, sin
aceptar el enorme desafío que implica la cuestión de Malvinas. Recientemente el
editorialista de CLARIN Eduardo Van der Kooy
(23/06/10) lo expresó con todas las letras, al abordar la noticia de la
asunción de Timerman y las cuestiones pendientes en
su cartera: “El litigio eterno por las islas Malvinas ha perdido intensidad,
quizás porque la guerra de la dictadura tornó impotente cualquier intento
nacional.”
El editorialista de CLARIN, en línea con la postura
adoptada por el Reino Unido, hizo mención a la guerra del ’82, como si fuera
definitoria. Si así fuere, si las guerras definieran todo, que sería Europa
ahora, luego de atravesar guerras de altísima intensidad, con masacres y
genocidios incluidos. Van der Kooy niega la realidad,
y niega el presente de hiperactividad e hiperintensidad
del conflicto en el Atlántico Sur, que está en las páginas de los diarios.
Parecería que ni siquiera lee el diario CLARIN. Pero mas
allá de los discursos más duros o más blandos, sobre estos pusilánimes
fundamentos sintetizados por Van der Kooy, se ha
desenvuelto la política de Malvinas desde 1982 en adelante. Y especialmente
desde 1989 en adelante, pese a lo prometido previamente por Menem con su ¡Siganmé que no los voy a defraudar!
Por su lado el Reino Unido la cosa la tiene clara. A la
reunión del Comité no concurrió ningún diplomático inglés. Solo fueron dos
concejales de la Asamblea Legislativa de Malvinas, supuestos representantes de
los isleños, pero que no han nacido en las islas. Emma Edwards, nacida en
Portsmouth y experta en petróleo. Y Gavin Short, ex
miembro de la fuerza de defensa de las islas, quién se encarga de estimular
permanentemente el chauvinismo de los kelpers,
reclamando que se embandere “cada casa, cada hogar, flameando el emblema de
las Falklands”.
La actual política de entrega se asienta en un conjunto
de decisiones y acciones, que solo pueden calificarse de absurdas o suicidas,
si se la mira desde la óptica del interés nacional. Al tratarse de acciones que
claramente debilitan la posición argentina y fortalecen la posición británica.
Es como si las decisiones propias las tomara el enemigo, y pavimentara así su
plan de conquista. No se puede encontrar otra explicación a dos cruciales
decisiones que se han adoptado recientemente: la ley de fijación de límites de
la Provincia de Tierra del Fuego (Ley Nro. 26.552); y la creación del
Fideicomiso Austral.
La primera, con el asesoramiento de la cancillería, fue
sancionada a los apuros, y sin ningún tratamiento por parte del Congreso a
fines del año pasado, fijando los límites a la provincia argentina más austral.
Que se convirtió así en la provincia más extensa del país, al incorporar a ella
todas las islas del Atlantico Sur, y la Antártida
hasta el Polo Sur, donde la gobernadora Ríos no llegó nunca. De esta manera las
islas Malvinas y las Georgias pasaron a ser virtuales
municipios de dicha provincia. Y en consecuencia el conflicto de Malvinas bajó
dos escalones. De una contienda internacional, pasó a ser prácticamente una
contienda intraprovincial, bajo la órbita de la
gobernadora Ríos.
Por su parte el Fideicomiso Austral fue creado en el
pasado abril, a la par que plataforma Ocean Guardian iniciaba sus tareas en Malvinas, como consecuencia
de un acuerdo entre el Ministerio de Planificación nacional y la Provincia de
Tierra del Fuego; que aún no tuvo aprobación en la legislatura fueguina, ni
tampoco fue autorizado por el Congreso Nacional. Mediante este acuerdo, el
Ministro De Vido cedió a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 50% de las
regalías petroleras que le correspondían a la Nación en toda la plataforma
continental austral. Y en el que se estipula expresamente que el acuerdo
incluye las aguas en disputas por el conflicto de Malvinas, que actualmente se
encuentran bajo dominio inglés.
La palabra fideicomiso en manos de De Vido, lamentablemente en Argentina es sinónimo de
corrupción y gato encerrado. Y en este caso lo es con creces, al manchar el
conflicto de Malvinas, que se cobró la vida de casi setecientos argentinos que
yacen en las islas o la profundidad del Océano Atlántico, de una forma
absolutamente promiscua e indebida.
La excusa para crear este fideicomiso fue la misma con
la que Menem y Néstor Kirchner llevaron a cabo en los ´90 la rifa de la
petrolera de bandera YPF: regalías supuestamente mal liquidadas. En este caso
un conflicto por regalías en un área off shore situada en el mar argentino
frente a Tierra del Fuego, que abarca solamente algunos miles de kilómetros
cuadrados. Y para supuestamente zanjar el mismo, se le otorgó a Tierra del
Fuego el cobro de regalías sobre un área de tres millones de kilómetros
cuadrados. Como si todo el Mar Argentino perteneciera a esa provincia insular
perdida en el confín de la patria. Como si el resto de las provincias no
existiera. Y como si el conflicto de Malvinas tampoco existiera.
La clave de bóveda de ese plan de entrega del petróleo,
es justamente la cuestión ambiental, de la que se esmeraban de rezongar tanto Timerman y Rios. El cobro
simbólico de regalías por parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida,
e Islas del Atlántico, de un minúsculo 3 % (muy lejos de la apropiación de la
renta petrolera por parte del Reino Unido, que llegará al 50 %) le permitirá a
este presentar la cuestión no como un pago de regalías con la que ha resignado
soberanía, sino como una compensación por un servicio ambiental a prestarse
desde las costas del territorio argentino.
La oferta implícita que obra en el párrafo del
canciller Timerman previamente citado, en el contexto
de las medidas comentadas, es clara. A cambio de que el Reino Unido se avenga a
sentarse de vez en cuando en una mesa para charlar sobre la soberanía de
Malvinas, se puede llevar todo el petróleo que quiera, dejando a cambio el pago
de unas simbólicas monedas. Imputables por nuestra parte como regalías
petroleras, y por la contraparte como servicios ambientales. De esta manera el
Reino Unido soluciona olímpicamente el impedimento de la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a las partes a no tomar
medidas unilaterales en la explotación de los recursos en el área en disputa.
Un contubernio de esta naturaleza ni siquiera requeriría la intervención del
Congreso, ya que en la práctica este y el Poder Ejecutivo han delegado sus
atribuciones a la Legislatura y la Gobernación de una provincia de solo 130 mil
habitantes, de menor dimensión que la más modesta comuna de la ciudad de Buenos
Aires.
Esta trasnochada solución, en las que el gobierno
parece estar operando en tándem con los intereses petroleros británicos,
acarrea un gravísimo peligro inverso; que el gobierno parece no haber
advertido. O peor aún, que deliberadamente ha dejado de lado. Incurriendo así
en negociaciones perjudiciales que violan abiertamente la disposición
transitoria Primera de la Constitución; que establece la "soberanía
imprescriptible" y el "ejercicio pleno de la soberanía" sobre
las Malvinas, respetando solo "el modo de vida de sus habitantes" y
no sus deseos...
La jugada en la que parece estar empeñado entre gallos
y medianoche el gobierno, debilita absolutamente el ejercicio de la “soberanía
plena” por parte de Argentina sobre las islas y sus recursos, en este caso su
petróleo. Y en especial sobre ese vital recurso no renovable, que ha
desencadenado las guerras libradas en el último siglo, incluida la corta pero
sangrienta Guerra de Malvinas de 1982. Por esta razón el RU astutamente insiste
en que la cuestión del petróleo es un asunto exclusivo de los isleños, porque
es la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos. Cuya
explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar
una era de prosperidad a Argentina, como sucedió con Noruega, Dinamarca,
Holanda, y Gran Bretaña.
Lejos de este plan de entrega del petróleo, la lectura
de la catástrofe protagonizada por BP en el Golfo de México, debería haber
llevado a nuestro país a fijar un curso de acción totalmente distinto. El sur
del Atlántico Sur y la Antártida es un ecosistema frágil, que debe ser
preservado de contaminación a toda costa. Conforme los principios de prevención
(riesgo cierto, daño dudoso) y de precaución (riesgo dudoso) que rigen en el
Derecho Ambiental, avalados por la OEA y la ONU, Argentina, lejos de pretender asociarse
muy minoritariamente a los usurpadores y potenciales contaminadores -con todos
los peligros diplomáticos y ambiéntales que ello implica-debería requerir que
se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en
disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la
misma. Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar
negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha
actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente,
conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una
aventura que podría deparar resultados catastróficos.
Política
& Petróleo & Negocios
El general Leopoldo Galtieri,
encandilado por las señales engañosas provenientes de Estados Unidos y el Reino
Unido, ocupó militarmente las islas sin un plan para la defensa de ellas; ya
que su plan de ocupación estaba basado en las premisas de la no reacción
militar británica, y que la mediación norteamericana permitiría cambiar el
petróleo por soberanía. El plan del actual gobierno es un pobrísimo remedo de
esa estrategia, ya que, implorando nuevamente la ayuda diplomática
estadounidense, pretende cambiar el petróleo por algunas esporádicas charlas
diplomáticas sobre soberanía. Asunto en el cual los ingleses han demostrados
ser unos maestros en ganar, o mejor dicho en perder el tiempo.
Así seguramente el actual gobierno presentará como un
notable triunfo diplomático de su gestión, que izará como bandera electoral, el
hecho de conseguir que unos displicentes diplomáticos ingleses, se sienten de
vez en cuando a charlar entre bostezos respecto la cuestión de la soberanía.
Como sucedió en los años previos a la guerra de 1982, sin ningún resultado
concreto.
Pero además, sabiendo la debilidad del gobierno por la
Política & Negocios, que le impide formalizar ningún acto administrativo,
sin contemplar paralelamente su costado crematístico, que conlleve beneficio
para sí, o sus empresarios amigos, es de colegir que en esta ocasión, también
existirá esa cara por ahora oculta de la Luna. En la que no hay mucho que
repartir, sino más que muchísimo, al estimarse que las riquezas petroleras de
Malvinas podrían ascender a varios billones (millones de millones) de dólares.
De esa manera las comisiones indebidas del Fideicomiso de Venezuela que tanto
preocupa hoy a los legisladores de la oposición, pasarían a tener la categoría
de monedas.
En tal sentido no es casual que haya sido BP, la
petrolera de bandera del Reino Unido (actualmente en apuros por sus aventuras
en el Golfo de México) la primera beneficiada con la prórroga de las
concesiones petroleras hasta el año 2047, gracias a la ley corta de
hidrocarburos sancionada a instancias de Néstor Kirchner. Quién además fue el
que digitó personalmente la prórroga de la concesión que detenta BP en sociedad
con Bridas, en el yacimiento Cerro Dragón. El más importante de Argentina
continental, que se extiende en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta
prórroga despertó serios reparos en la provincia de Santa Cruz. Y en Chubut
deparó la renuncia del ministró que la negoció, Norberto Yahuar,
quien pasó a ocupar la subsecretaría de Pesca de la Nación.
Lamentablemente este gobierno y el que le precedió con
el mismo apellido, apesta a petróleo. Por ello los precios de los combustibles
internos no dejan últimamente de subir, a partir de que empresarios
“compinches” del gobierno, la familia Eskenazi, se hizo del control de YPF.
Subas que se acentuaron desde que Cristóbal López, otro empresario “compinche”
del gobierno, tomara recientemente el control de la destilería de Petrobras en
San Lorenzo, y de 250 estaciones de servicios de esta. Por esa razón también el
affaire del Fideicomiso de Venezuela, está directamente relacionado con
importaciones de fuel oil de mala calidad. Los
autores de esta nota, junto con el Dr. Ricardo Monner
Sans fuimos los primeros en denunciar penalmente este
negociado, cuando en el año 2006 investigamos la subfacturación de
exportaciones de gas y la importación de fuel. Que no eran necesarias, al
exportar Argentina simultáneamente una similar cantidad de calidad superior.
Pero que sin embargo permitió organizar un tráfico de influencias en torno de
los fondos con que se pagó el fuel oil, que debían
revertirse en compra de productos argentinos. El petróleo, que actualmente en
el mundo es la “divisa de divisas”, es aun mas
poderoso caballero que Don Dinero.
La inacción
suicida o cómplice ante el conflicto
En este marco de situación, no es desatinado colegir
que la reciente renuncia del canciller Jorge Taiana, precisamente en vísperas
de la reunión en el Comité de Descolonización, no habría tenido relación con el
Fideicomiso de Venezuela, como enfatiza la prensa opositora, sino con la
renuencia por parte de dicho canciller de rancia prosapia peronista, a
proseguir con este curso de acción para la entrega del petróleo, basado en el
Fideicomiso Austral. Que frente una perspectiva electoral, encontraba una
oportunidad propicia para su planteo ante el Comité de Descolonización, por la
paralela catástrofe ambiental acaecida en el Golfo de México. Por esa razón
Taiana habría manifestado al renunciar, que tenía serias discrepancias con la
orientación de la política exterior. Lo que fue retrucado de inmediato por el
canciller designado Timerman, quien adoptando una
postura ultraverticalista (impropia de un ministro
que debe refrendar con su firma las decisiones en su cartera) manifestó que la
política exterior la fija exclusivamente la presidenta… aunque ella sea
favorable al Reino Unido.
Este curso de acción solapado en connivencia con el
Reino Unido, explica la inacción y ausencia de innovaciones por parte del
actual gobierno respecto el conflicto. Timerman hizo
resonantes declaraciones ante un opaco Comité de Descolonización, pero nada
dijo de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. Para poder concretar
esto, Argentina debería ya estar trabajando, para rearticular
los apoyos diplomáticos que históricamente cosechó a su favor, sumándole ahora
la cuestión ecologista; pero teniendo en cuenta que los votos en la Asamblea se
consiguen de a uno. Tampoco habla de hacer acuerdos con Brasil, Uruguay
y Chile, para impedir la asistencia logística, tanto a la actividad petrolera
como pesquera que se desarrolla en Malvinas. Y menos aún está pensando en
trabar la venta de los yacimientos en manos de Pan American en Argentina,
propiedad de la británica BP, de los que esta tendría que desprenderse para
hacer frente a la catástrofe ambiental que protagonizó en el Golfo de México,
para impedir que los transfiera a compañías de otros países no involucrados en
el conflicto. Y mantener así a favor de Argentina otra prenda de negociación en
el conflicto.
Pero fue frente al incidente de los super
aviones de guerra con asiento en Malvinas, que amenazan al territorio
argentino, y solicitaron cruzar el mismo rumbo a Punta Arenas, donde el
gobierno defeccionó absolutamente, demostrando una total falta de imaginación,
lindante con la complicidad. Cualquier país serio del mundo les habría negado
el permiso a cruzar el territorio. Y los habría autorizado en todo caso a
aterrizar en un aeropuerto propio, y luego demorado burocráticamente su
partida, hasta que se cumplieran los requisitos administrativos de rigor.
Habría mostrado así ante los ojos del mundo, las
debilidades de esa amenaza carente de sustento territorial y moral, y la
disposición pacífica por parte de Argentina ante el conflicto. Y a la par
habría impedido que quedara consentido y establecido que Punta Arenas es el
aeropuerto alternativo al de Malvinas. Cuestión que es de suma importancia,
dado que los vuelos de larga distancia no se pueden despachar si no existen
aeropuertos alternativos en las cercanías del destino. Con la explotación
petrolífera los vuelos transcontinentales seguramente se multiplicarán, por lo
que este incidente también parece ser parte del plan.
En los informes Ulises IV (setiembre 2008), Ulises
VII (octubre 2008) , Ulises XIII (noviembre
2009) y en “Malvinas -Otra estrategia es posible” (Marzo
2010) alertábamos sobre esta inacción, sobre estos peligros, y
manifestábamos nuestras prevenciones respecto que se estuvieran implementando
engañosas “políticas minimalistas”, las que lamentablemente ahora se están
cumpliendo con creces. Adjuntamos los capítulos actualizados del último de los
informes citados, que se refieren a este inadmisible plan de entrega
desarrollado en connivencia con la diplomacia británica. Respecto el cual como
siempre, nuestro Congreso está en babia, dado que su agenda
no la fijan los representantes del pueblo, sino los medios. En vez de enfocarse
en el actual Fideicomiso Austral, que implica la explotación de una riqueza en
disputa por billones de dólares, ahora está enfocado en el Fideicomiso de
Venezuela, que no llega a mil millones de dólares. Creando para ello una
subcomisión en la comisión de Relaciones Exteriores, que tendrá por objetivo
averiguar si se han pagado comisiones indebidas en las ventas a Venezuela.
Un verdadero trabalenguas, por parte de un Congreso que
en el agudo conflicto con el campo por la resolución 125, creó por ley una
comisión para investigar a las aceiteras y exportadoras de granos que se
llevaron puestas las enormes retenciones creadas por esa disparatada
resolución, que sublevaron al campo, y hasta la fecha ni siquiera se ha
integrado. La fábula de “Los dos conejos” del español Tomás de Iriarte,
que discutían sobre si los perros que los perseguían eran galgos o podencos, y
en consecuencia fueron devorados por estos, que finaliza diciendo, “los que
por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo”
parece de plena aplicación para quienes hoy nos representan.
La
confluencia de las acciones del gobierno con el avance inglés
La
provincialización del petróleo
“Con Kirchner es posible conversar, pero en privado”,
declaró también Carlos Bulgheroni, dueño de Bridas y
socio de BP. Y este es el gran problema del los negocios, especialmente el
petrolero. Donde lo que se dice en privado, no se puede repetir en público. En
tal sentido Néstor Kirchner es un hombre muy apreciado entre los duros barones
integrantes del Club del Petróleo, que saben mucho de golpes mediáticos,
militares, y revoluciones. En la reforma constitucional de 1994, fue uno de los
autores del ambiguo artículo 124 que dispuso la provincialización del subsuelo,
al reconocerles a las provincias el "dominio originario de los recursos
naturales" en el territorio de ellas. Y luego como presidente la hizo
operativa en relación al petróleo, con la sanción a fines del 2006 de la “ley
corta” de hidrocarburos, cuyo proyecto lleva la firma de Kirchner y Lavagna, y le permitió seguidamente a Pan American
renegociar a su gusto la concesión de Cerro Dragón.
En esa ley la bancada oficialista apoyada por las
provincias petroleras, forzó la interpretación de que el “dominio originario”
implicaba también la “jurisdicción” sobre esos recursos. Y en consecuencia
fueron traspasados a las provincias, incluyendo los yacimientos of shore hasta
una distancia de 12 millas desde la costa. Al respecto el diputado Claudio
Lozano expresó:
"Parece mentira que en nombre de un supuesto
federalismo estemos a punto de dar sanción a una demanda histórica de las
petroleras de nuestro país... es cierto que la Constitución de 1994 plantea una
situación de vacío jurídico, pero también es verdad que este es el peor modo de
llenarlo... No coincido con lo que aquí se ha dicho acerca de que esta
iniciativa respeta en modo absoluto el artículo 124 de la Constitución
Nacional.”
Con esta desnacionalización y provincialización del
petróleo se revirtió la política inaugurada por el general Mosconi
un siglo atrás, dejando nuevamente a las provincias solas frente a las
colosales petroleras mundiales. En una relación de pigmeo famélico,
generalmente desesperado por la imposibilidad de pagar la nómina de empleados
públicos a fin de mes, contra un coloso multinacional ahíto de poder
financiero, que generalmente tiene además detrás a una superpotencia que lo
apoya.
Como un epitafio a todo proyecto de llegar a ser un
Estado – Nación, en una cuestión de tanta sensibilidad, belicosidad y
estrechamente relacionada con la seguridad energética y nacional como son los
abastecimientos petroleros, las Provincias Unidas del Río de La Plata, pasó a
ser los Emiratos Petroleros Unidos. Y se mutó así la crónica corrupción estatal
nacional, por la crónica corrupción y estado de necesidad de las provincias.
Donde apalancado por las petroleras, siempre aparece algún gobernante que como
un jeque árabe borracho, está dispuesto a regalar el petróleo a cambio de un
plato de lentejas, ante la imposibilidad de explotarlo por su cuenta. Tal como
sucede en las provincias mineras que en su subsuelo detentan metales nobles y
preciosos.
Como se verá a continuación, este comentario respecto
la desnacionalización del petróleo y su provincialización, no se trata de una
digresión. Por inusitado que parezca, una parecida política de
provincialización se adoptó en relación con el conflicto de Malvinas;
resultando además la provincialización del petróleo concomitante con ella.
La
provincialización de la disputa por Malvinas
A fines de 2008, junto con el comienzo del nuevo avance
inglés por el petróleo, se produjo un inesperado acercamiento entre el gobierno
nacional y la gobernadora de la isla de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas
del Atlántico Sur, Fabiana Ríos. Pese a que esta
pertenecía al ARI, el partido liderado por Lilita Carrió
furibundo opositor del gobierno. Como mandataria de una provincia en quiebra,
Ríos andaba famélica en busca de fondos. Seguidamente el acercamiento se hizo
extensivo a los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso, quienes
comenzaron a apoyar acríticamente las iniciativas oficialistas. Y así a
mediados del 2009, estos presentaron un proyecto para fijar los límites de
dicha provincia. Esta había sido creada a principios de 1990, paralelamente con
los Acuerdos de Madrid y el restablecimiento de relaciones con el RU, mediante
una ley en la que también se fijaban los límites de ella.
Sin embargo esta delimitación fue vetada parcialmente
por el presidente Menem y el canciller Cavallo,
aduciendo que la delimitación “requería mayores precisiones para adecuarlo al
orden jurídico vigente”. Y que “los límites fijados podrían generar,
involuntariamente, interpretaciones de terceros Estados que no responden a las
posiciones sostenidas en la materia por nuestro país”. Razón por la que el
Poder Ejecutivo enviaría en la brevedad al Congreso de la Nación, un texto
sustitutivo.
Pasaron casi 20 años, y el texto sustituto por parte
del Poder Ejecutivo no apareció nunca, posiblemente por el alto voltaje
político que esos limites tienen, relacionados
directamente con la disputa de Malvinas. El sustituto provino de los
representantes de Tierra del Fuego, con la activa participación y asesoramiento
de la cancillería y el vicecanciller Victorio María José Taccetti,
quien pese haber hecho una meteórica carrera diplomática en la década de las
relaciones carnales de los ’90, sigue hoy en los primeros rangos del ministerio
de Relaciones Exteriores. Su texto es el siguiente:
"La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental de la Isla Grande de
Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la Isla de los
Estados, las Islas Año Nuevo, las Islas Malvinas, las Rocas Cormorán y Negra,
las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en
aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos
territorios de conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las
islas, islotes y rocas situados al Sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego
hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la
Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25º Oeste y 74º Oeste y el
paralelo 60º Sur, y las islas, islotes y rocas situados entre los territorios
que comprende la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden".
De entrada llama la atención la redundancia del texto,
donde las Malvinas e islas anexas parecen estar contempladas dos veces, al
incluirlas detalladamente en el primer párrafo, y al incluirlas genéricamente
en el último. En el primero se les asigna jurisdicción sobre el mar territorial
de esas islas, o sea las 12 millas a partir de la costa. Pero en el segundo la
descripción es mucho más amplia, al referirse a “los espacios marítimos y
aéreos que por derecho le corresponden”, sin aclarar muy bien de qué derecho se
trata. Ya se vio en relación a la provincialización del petróleo, la forzada
interpretación que se hizo del artículo 124 de la Constitución, y de cómo se
puede escribir aparentemente derecho para que resulte torcido.
Pero lo que más llama la atención, es el TAMAÑO DE
PROVINCIA que resulta de la abandonada y remota isla de Tierra del Fuego, ya
que sus confines están en el Polo Sur, y en el medio del Atlántico Austral, a
mitad de camino hacia Sudáfrica. En el Informe ULISES XIII:
“Los peligros de la ley la delimitación de la megaprovincia de Tierra del fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”, publicado en agosto del 2009, antes del tratamiento por parte
de las cámaras del Congreso de dicha ley, se planteaba que la misma era un
ERROR HISTORICO:
“El día 14/09/09 el diario Ámbito Financiero titula en
su pág. 23: “Histórico: Diputados apura fijar límite de Tierra del Fuego” y en
la nota señala que el proyecto, cuenta “con contundentes notas de aval de la
Cancillería y del embajador Tacchetti”. Coincidimos que
es realmente un hecho histórico ya que desde los albores de la humanidad hasta
nuestros días jamás ha existido en el planeta una provincia o entidad
territorial de este tipo, o siquiera análoga. Ni en el derecho comparado, ni en
la geografía, ni en la historia se registra una configuración jurídico territorial tan peculiar. Estaríamos fijando los
límites de algo tan singular y único que prima facie
parece sorprender a la sensatez y el sentido común. Los hechos históricos
generalmente son escasos y excepcionales, en cambio los errores históricos no
son escasos en estas latitudes.
Seguidamente advertía que “fijar los límites de un
territorio provincial no es un mero trámite cuando este presenta las siguientes
características singulares”:
A .Una inmensa superficie de aproximadamente 1.200.000
km2 incluyendo aguas territoriales (60 veces la superficie de la provincia de
Tucumán que es de 22.000 km2 y cuatro veces más grande que la provincia de
Buenos Aires, la mayor de la argentina, que es de 307.000 Km2).
B. Un litoral marítimo de varios miles de kilómetros,
que por lo menos triplica en longitud a las costas de la argentina territorial.
C. Una enorme dispersión entre los diversos segmentos
continentales insulares y archipielágicos de una
provincia que se extendería desde el Polo Sur hasta el estrecho de Magallanes
D. Población escasa y heterogénea: argentinos,
británicos, científicos y trabajadores de más de 30 nacionalidades.
E. Estatus jurídicos diversos: 2% territorio argentino indisputado.
98% territorios litigiosos o controvertidos (reclamos superpuestos con Chile e
Inglaterra) y con una comunidad internacional renuente a reconocer soberanía
estatal en la Antártida.
F. La cohabitación de autoridades nacionales y
provinciales, ya que existen numerosas bases científicas en la Antártida
operadas por el Estado nacional bajo responsabilidad de la Cancillería.
G. Existen además en la península antártica estaciones
y bases científicas permanentes y transitorias de más de 20 países funcionando
de conformidad con el Sistema del Tratado Antártico.
A continuación alertaba respecto la complejidad
adicional por los alcances del antes mencionado artículo 124 de la Constitución
reformada en 1994. Que además de posibilitar la provincialización del petróleo,
al otorgar a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”, autorizó a estas a “celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la
Nación”. Apuntaba al respecto:
“En 1994 se incorpora a la CN un artículo, el 124, que
en teoría venía a reivindicar el espíritu federal, pero que en la práctica solo
ha servido para desguarnecer los recursos naturales y posibilitar su
explotación en general a manos de empresas transnacionales como el caso de la
minería. La lectura, análisis, evaluación e interpretación del art 124 de la CN
es un ingrediente esencial del debate que postulamos, con miras a producir un
consenso genuino sobre una cuestión que interesa a todos los habitantes del
país. ¿Es compatible el federalismo que parte de una
noción de equidad e igualdad entre sus componentes naturales o sea las
provincias con la existencia de una megaprovincia de
1.200.000 km2 cuando por ejemplo Tucumán tiene solo
22.000 km2? Los recursos naturales están distribuidos
aleatoriamente, en especial en zonas donde el dominio originario puede
coincidir con el dominio útil o derivado. Esa distribución aleatoria no parece
compatible con un federalismo real ni con el recupero o defensa de los mismos
frente a terceros Estados o a interesados privados”
Seguidamente denunciaba que detrás de esa inusitada
fijación de límites, estaba la diplomacia del RU y la cuestión de Malvinas,
insinuando que se trataría de un “blesing in disguise” (una bendición disfrazada) para la diplomacia
británica
“Según fuentes oficiosas y confidenciales el avance en
la provincialización de zonas litigiosas es valorado como un paso muy positivo
para lo consolidación de los intereses británicos en el área. Se trataría de un
“blesing in disguise” para
la diplomacia británica que por otra parte niega toda participación en un
proyecto surgido espontáneamente de fuentes argentinas. En anteriores Ulises
hemos descripto el retroceso de la posición argentina en los últimos años.
Frente a este avance no parece adecuado descentralizar decisiones políticas, ni
mucho menos transferir recursos económicos, ni a la más nueva de nuestras
provincias la más añeja de nuestras controversias.”
“La incorporación del art 124 de la CN cambia
radicalmente las condiciones y el enfoque con que debe considerarse la
definición de los límites de la provincia de Tierra del Fuego. Es muy grande el
potencial de futuras polémicas y daños derivados si el texto no fuera lo
suficientemente preciso en la delimitación de competencias. Cabe preguntarse si
este proyecto que tanto complace a la Cancilleria es
beneficioso para el interés nacional o debilita nuestra posición y los
legítimos derechos e intereses de toda la sociedad argentina. Y si se trata de
un elemento congregante o disgregante. La pregunta no es ni banal ni abstracta.
Hay estrategias sutiles que disfrazan de inocuo o histórico algo que si no se
toman todos los recaudos del caso puede ser extremadamente dañino.
Terminaba reclamando que la Cancillería argentina
explicara las razones que aconsejan el dictado de esa ley, y si ella podía
contener riesgos futuros, en especial con referencia a:
“La disposición transitoria de la CN y nuestra
integridad territorial. Nuestra reivindicación antártica. El derecho de todos
los argentinos a conservación del medio ambiente y la puesta en valor de sus
recursos naturales. Creemos que la respuesta a estos interrogantes requieren
una análisis serio, profundo y objetivo de las modalidades y características de
la legislación propuesta. Dicho análisis debe ser amplio y transparente y
abarcar a la totalidad de la población argentina y a todas las provincias, ya
que están en juego enormes recursos naturales, renovables y no renovables,
patrimonio de todos los argentinos. El debate debe ser naturalmente previo a la
sanción de la ley y debe contemplar todos los aspectos jurídico internos y
jurídico internacionales, estratégicos, ecológicos y económicos de la
cuestión”.
La disposición transitoria Primera de la Constitución,
es transitoria, porque se trata de un objetivo. Se parte de la realidad que los
territorios están usurpados y se plantea el objetivo de recuperarlos. Mientras
ello no sea así, adjudicar a una provincia territorios que aun no hemos
recuperado es colocar el carro delante del caballo. Asimismo la cláusula
expresa que el mandato es para todo el pueblo argentino y de la Nación toda. O
sea es una responsabilidad y un deber de todas las provincias, sean estas
litorales o mediterráneas.
Pese a ese requerimiento del grupo Ulises de la
necesidad de un debate profundo del tema, el Congreso Nacional, a la par de que
se anunciaba en Londres la incursión de la plataforma Ocean
Guardian, aprobó velozmente y sin ninguna discusión
ese proyecto de ley. La Cámara de Diputados lo aprobó en septiembre del 2009,
sin debate y a libro cerrado. Y la Cámara de Senadores lo hizo a fines de
noviembre en una sesión sobre tablas, en base a un superficial informe que hizo
el senador José Carlos Martínez como único orador. Quién sin embargo destacó
que estaba presente en el recinto la gobernadora Fabiana
Rios, como si de resultas de esa ley pudieran
derivarse pingues resultados para esa empobrecida provincia.
El
Fideicomiso Austral
Seguidamente, en una pomposa ceremonia celebrada en
Ushuaia el 15 de marzo pasado, con la presencia de la presidenta de la Nación
Fernández de Kirchner, el ministro de Planificación Julio De Vido y la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida, e
Islas del Atlántico Sur Fabiana Ríos, firmaron un “Acuerdo
para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego”.
El acuerdo tiene como objeto poner “fin a las controversias” sobre el dominio
de los recursos hidrocarburíferos de la plataforma
continental adyacente a la isla grande de Tierra del Fuego. Pero detrás de este
supuesto objetivo se comprometen vastísimas áreas y recursos de la plataforma
marítima en jurisdicción del Estado Nacional, en su mayor parte en disputa por
la soberanía territorial con el Reino Unido.
En el artículo 2 del Acuerdo se incorpora expresamente
-sin que queden lugar a dudas-que el territorio de aplicación del acuerdo
comprende la Cuenca Malvinas y todas las superficies que la polémica ley 26.552
le asigna a la extensísima provincia de Tierra del Fuego (Malvinas,
Georgias, Sándwich, Antártida, etc.). En el art. 5 del acuerdo
se establecen una serie de proyectos de obras de infraestructura sanitaria,
vial, energética y portuaria, que serán financiados por un Fideicomiso Austral
a ser creado por la Provincia; que se integrará con aportes de la Provincia y
del Estado Nacional, durante un plazo que se fija por 10 años.
La Provincia aportará al Fideicomiso el 50 % de las
regalías petroleras de las aéreas que se encuentran actualmente en explotación
y que en un futuro concesione bajo su manejo. El Estado Nacional aporta treinta
y cinco millones de dólares al contado, y el 50% de las regalías
correspondientes a las aéreas costa afuera adyacentes a la Isla de Tierra del
Fuego y “de las que se concesionen en el futuro” (4.2). Agregándose de una
manera tajante en el siguiente acápite (4.3) que ello “incluye expresamente a
los territorios de la Cuenca Malvinas y otros que se hallen en disputa de
soberanía…”
Resulta a priori muy extraño que la manera de resolver
una controversia por regalías en un área de unos miles de km2 (el área offshore
adyacente a T del Fuego) sea incorporar al ruedo las regalías de una enorme
superficie de millones de km2 del Estado Nacional. La que además están buena
parte de ellas en disputa por la soberanía; que tiene como antecedente una
breve pero cruel guerra librada treinta años atrás; y en la que ahora está
asentada la base más poderosa del Reino Unido y la OTAN en el Hemisferio Sur.
Hay algo esencialmente grotesco en esa previsión, equiparable a autorizar la
instalación de un kiosco para la venta de bebidas y golosinas, en medio de un
campo de batalla en una guerra de trincheras.
|
|
Producción Cuenca Marina Austral |
Regalías percibidas
por Estado Nacional |
|
||
|
Petróleo |
24.393.557 u$s
|
5.350.922 u$s |
|||
|
Gas Natural |
104.676.175 u$s
|
55.117.702 u$s |
|||
|
TOTAL |
129.069.732 u$s
|
60.468.624 u$s |
|||
De acuerdo a información pública de la Secretaria de Energía,
los montos de las regalías, tanto por petróleo como gas, del área en
controversia (Cuenca Austral Off Shore) para el año 2009 fueron los que figuran
en el siguiente cuadro. Los importantes montos que se pueden apreciar en el
mismo, distan de requerir sumar como compensación, aéreas hidrocarburíferas
inmersas en una disputa internacional; de resultado impredecible; y de la
enorme extensión como las que cedió el ministro De Vido.
Sin embargo, a los efectos de una supuesta
“reafirmación de la soberanía argentina en el archipiélago”, la subsecretaria
de Relaciones Internacionales Carolina Lavori,
destacó simultáneamente que la incorporación de las áreas hidrocarburíferas
pertenecientes a la Cuenca Malvinas en el Fideicomiso Austral, representaba “un
reconocimiento expreso a los efectos de la Ley Nacional 26.552” referida a los
límites de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Y agregó:
“El acuerdo estipula en su articulado que el Territorio
de Aplicación incluye a los espacios marítimos y terrestres irredentos que se
encuentran en disputa que corresponden a la soberanía de la nación y que son
parte de la Provincia de Tierra del Fuego”, con lo cual se trata “de una
categórica reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre el archipiélago y
por ende la propiedad de los recursos naturales de la zona”.
El eje del plan de entrega del gobierno: la diada
insular En concreto, el gobierno como si operara en tándem con la diplomacia
británica, con la conjugación de la provincialización del petróleo; la
delimitación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; las potestades de celebrar convenios internacionales que se le
acuerdan a las provincias; y la cesión del cobro de regalías a favor de dicha provincia,
en vez de regionalizar o sudamericanizar el
conflicto, lo ha reducido a una mínima expresión. Lo ha provincializado
e insularizado, poniéndolo a cargo de la provincia
encabezada por la Isla de Tierra del Fuego. De esta manera, transformándolo en
un conflicto entre dos islas, lo ha equilibrado… a favor de Inglaterra, al
contraponer no los 40 millones de habitantes de Argentina, contra 1.800 kelpers; sino los menos de 130.000 habitantes de Tierra del
Fuego, contra 1.800 isleños. Bajo este enfoque, la disputa de Malvinas no se
trataría de un conflicto internacional, sino intradepartamental,
entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Sur, y su
dependencia, departamento, o municipio Malvinas.
En consecuencia la “triada” menemista producto de las
relaciones carnales previamente analizada, muto en la “diada” kirchnerista, que se puede visualizar en la imagen adjunta.
La diada
insular del conflicto
Producto de la suma de la continuidad de las
“relaciones carnales”, encarnada en la cancillería argentina; mas las
“relaciones provinciales” llevadas a cabo por parte de caciques de provincias,
prestos para hacer cualquier negocio o negociado, sin importarles un bledo una
visión integral como Estado – Nación, y los desafíos que este afronta para
convivir en un mundo cada vez mas complejo y
necesitado de recursos naturales. En vez de “estadistas” que gobiernan estados,
se trata de “provincianos”, con la segunda y tercera acepción peyorativa que se
da a dicha palabra. Al aplicarse a personas “toscas”, que “tienen
mentalidad cerrada e ideas desactualizados y poco desarrolladas”. Y además,
como es público y notorio, fuertemente sospechados de corrupción.
El término diada expresa una relación de dos. En
psicología la relación entre madre y niño; y esta parece ser la relación que
hemos establecido desde un tiempo a esta parte, con el RU y la “Reina Madre”
Inglaterra. En medicina es la existencia de dos cánceres distintos en un mismo
cuerpo, que es generalmente fatal. En este caso los cánceres fatales son tres:
la provincialización del petróleo, la provincialización del conflicto de
Malvinas, y la cesión de las regalías petrolíferas por parte de la Nación, a
favor de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A principios de año, como si estuviera a la espera de
la plataforma inglesa Ocean Guardian,
la gobernadora Ríos se ufanaba públicamente de que la provincia cobraría
regalías petroleras de Malvinas. Y así, como un último peldaño de nuestra
degradación como Nación o República, ahora no será nuestro canciller quién
negocie nuestro ancestral conflicto con el RU, con el control del Congreso.
Sino que será seguramente un secretario de Hacienda de la gobernadora Fabiana Rios quién -bajo el
amparo de ese Fideicomiso y del artículo 124 de la Constitución-saldrá a
negociar con los isleños, las petroleras británicas, y el RU, unos acuerdos
petroleros aun mas deplorables y denigrantes de los que firmó el canciller Di
Tella en 1995, inspirado entonces en la política de las “relaciones carnales”.
Es penoso el periplo seguido por la gobernadora Ríos,
que resultó elegida por un reclamo de transparencia, frente la corrupta
administración que la precedió. La misma que hoy la denuncia por estar
renegociando en forma muy poco transparente los contratos petroleros, al estilo
K. Famélica de fondos ante la quiebra en que se encontraba su provincia,
finalmente se convirtió en una pingüina empetrolada, que aspira a una auténtica solución K para
zafar de sus crónicos déficits presupuestarios provinciales. Los K para salir
de la crisis en que se encontraba Santa Cruz en 1991, reventaron a YPF. Y ahora
Ríos se ha hecho cómplice para reventar la cuestión Malvinas con el mismo
objetivo.
La estrategia británica siempre estuvo clara para el que
la quería ver. Vienen por el petróleo y se armaron militarmente para ello. Pero
saben que no pueden llevarse el 100 % del botín, porque el mundo empezó a mirar
lo que está pasando en el Atlántico Sur. Son 5.000.000 de km2 en disputa, con
recursos incalculables. Tienen que mostrar un “acuerdo” aunque sea simbólico
con Argentina, que en vez de llevarse el 100 %, les permita llevarse el 97 % o
el 94 %.
Por ello, con la complicidad del gobierno nacional, la
cancillería argentina, y las autoridades de Tierra del Fuego, están preparando
una limosna que para no enervar las pretensiones de soberanía del reino Unido,
seguramente vendrá disfrazada como una reparación ambiental, para mantener
incontaminadas a las Malvinas de la explotación petrolera. Por eso simultáneamente
se habla de la instalación en Tierra del Fuego de una destilería, existiendo
desde hace de diez años, un proyecto de la SHELL británica holandesa en tal
sentido. Tierra del Fuego, con las exenciones fiscales y aduaneras con que
cuenta, se convertirá así en un santuario petrolero, que a cambio de recibir un
enorme pasivo ambiental, recibirá también unas propinas como supuestas y
equívocas regalías del petróleo de Malvinas. Las que serán destinadas a pagar
la nómina salarial de una atribulada burocracia, para construir algunas
viviendas para personas carenciadas, o para una u otra escuela. Quedándose
seguramente buena parte de ella en el camino, por la corrupción que impera en
la obra pública.
Gracias a la explotación del petróleo del Mar del Norte,
Noruega y el Reino Unido, y también Holanda, y Dinamarca, impulsaron su
crecimiento económico e igualdad social. Y ello fue así porque la “tax” o imposición que aplican sobre el petróleo crudo, no
es del 3, ni del 6, ni del 12 %, sino que supera el 50 %. De esa manera no solo
han elevado a la cima del mundo el bienestar de la actual generación, sino que
además ahorran para el bienestar de las generaciones futuras, para cuando ya el
petróleo no exista más en el Mar del Norte.
De eso se trata la cuestión de la soberanía en
Malvinas, que no tiene nada de simbólica ni de declarativa. Se trata del
bienestar de las generaciones de argentinos, actuales y futuras. Ante el enorme
desafío que esto implica, la pequeñez y el enanismo intelectual y moral de
nuestros actuales gobernantes “provincianos”, atados a los problemas de caja
del día a día, o al poder que momentáneamente otorga la caja, es antológica.
El delito de alta traición se configura cuando un
funcionario se “une al enemigo o le presta ayuda o socorro”. Hoy técnicamente
el RU no es “enemigo”. Pero igualmente linda con la alta traición el prestarle
ayuda para que se apropie hoy de lo que fue en realidad, el motivo por el cual
el enemigo de entonces urdió la guerra de 1982, como se verá a continuación.