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Un casamiento para consolidar la usurpación

 

Por Eduardo Mariano Lualdi

Coordinador Nacional del Foro Patriótico y Popular

8 de diciembre de 2009

 

A días de entrar en vigencia el Tratado de Lisboa, Carlos Azuaga (Veterano de la guerra de Malvinas) y Claudia Fuertes contrajeron matrimonio en las Islas Malvinas. Se casaron en la oficina gubernamental de Town Hall, en Puerto Argentino.

Para poder casarse bajo las leyes británicas debieron realizar más de siete meses de trámites. Entre ellos debieron incluir documentos y partidas de nacimientos con traducciones legalizadas hasta certificados de trabajo y boletas de impuestos y servicios de los últimos dos años. Todo con sellos incluidos del Ministerio del Interior y de la Cancillería argentina.

Dice el diario La Nación del domingo 6 de diciembre de 2009: “En el gobierno sienten la contradicción. ‘ La Argentina no puede reconocer la autoridad que los casó porque mantiene una disputa de soberanía’, aseguró una fuente oficial. Pero admitió que ‘se utilizaron todos los mecanismos legales previstos.” (El subrayado es nuestro). La pregunta obvia es: si la Nación Argentina no puede reconocer la autoridad que los casó, ¿para qué permitió la realización del viaje y el casamiento en Malvinas?

Sigue el diario La Nación: “El 8 de octubre pasado, el gobernador de Malvinas, Alan Huckle, autorizó el casamiento. La fecha del casamiento era el 16 de noviembre”.

La Nación llama a Alan Huckle gobernador de Malvinas, aunque en realidad es el representante político del usurpador: Su Majestad Británica. El casamiento solo pudo haberse realizado por una expresa autorización de la Reina y ejecutado a través de su representante: Alan Huckle. Ese trámite que duró varios meses tiene necesariamente que haberse realizado a nivel de Cancillerías. Por un lado, el Foreing Office británico, y por el otro, el ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la Argentina. David Miliband y Jorge Taiana para decirlo en nombres propios. Como los ministros, por lo menos en la Argentina, son simples secretarios del Poder Ejecutivo, la negociación  para el controvertido enlace solo pudo ser aprobada por la Sra. Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Según la profesora de Derecho Civil de la UBA, Nelly Minyerski “Ese soldado no tendría que haberse casado allí. Porque así reconoció la autoridad local y puso en problemas al gobierno”. Porque, como señaló el juez británico durante la ceremonia: “El apostillado de La Haya le da validez a este certificado en todo el mundo”. Pero debería reparar la profesora en que el soldado y su novia no podrían haber concretado el matrimonio en tierras ocupadas por el imperialismo inglés, sin la expresa y profusa colaboración del gobierno argentino.

¿Es sorprendente que desde el propio gobierno nacional, con la colaboración del ministerio del Interior y la Cancillería (Randazo y Taiana) y por expreso consentimiento de la Dra. Fernández de Kirchner se haya trabajado para garantizar este matrimonio? ¿Sorprende que hayan sido los propios funcionarios argentinos los que pusieron a los novios en las Islas usurpadas por el colonialismo británico para efectuar un gravísimo reconocimiento a la autoridad de la Reina de Inglaterra a través de un certificado inglés "con validez en todo el mundo"?

No, no sorprende. Es la esencia de la política exterior argentina desde la claudicación nacional a través del Acuerdo de Madrid celebrado por Menem-Cavallo.

Los Acuerdos de Madrid siempre han sido defendidos por nuestros diplomáticos como un gran logro político de la Argentina. A veces se pretende presentar como un triunfo propio lo que en verdad es un triunfo de nuestros enemigos. El Acuerdo de Madrid es, entre otras cosas, un expreso reconocimiento de la Argentina a los pretendidos derechos de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña sobre territorios y mares argentinos ocupados militarmente. Un instrumento que nos colocó por detrás de las Resoluciones N° 1514 y N° 2060 de las Naciones Unidas. Por eso nosotros lo denominamos como la expresión de la rendición incondicional de la Argentina ante Gran Bretaña.

Los Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y febrero de 1990, seguidos de los acuerdos secretos que concedieron el desmantelamiento de la defensa nacional; los entendimientos, notas, etc., cursadas entre gobierno y gobierno, la Ley de garantía a las inversiones británicas, los intentos de realizar una presentación conjunta o complementaria con Gran Bretaña sobre nuestra plataforma Continental, etc., etc., etc., fueron una sucesión de beneficios que recibieron los colonialistas y que permitieron la consolidación de su ocupación militar.

El mencionado matrimonio es un aporte más de una política de proveer a los británicos antecedentes favorables para sus pretensiones. Así como cada viaje de argentinos a Malvinas presentando pasaporte para ingresar a nuestro territorio como si fuera efectivamente territorio inglés, implica un reconocimiento a la soberanía inglesa, este matrimonio celebrado bajo leyes británicas contribuye largamente en ese sentido.

 ¿Qué negoció el gobierno argentino para entregarle al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte semejante reconocimiento?

No lo sabemos: pero nuestros gobernantes sí lo saben. A veces se obtienen grandes logros mediante hechos aparentemente insignificantes. Este es un caso. Lo que parece solo una historia de amor es en realidad una larga operación política y diplomática destinada a otorgarle al usurpador un triunfo político asentado en un instrumento jurídico, un certificado cuyo “apostillado de La Haya le da validez (…) en todo el mundo”.