Las Malvinas y la Constitución de las Unión Europea

 

Constitución de la UE y las relaciones económicas

  

Buenos Aires, Mayo 2005

 

Las Malvinas y la Constitución de la Unión Europea: Constitución Europea y relaciones económicas (I)

A pesar que según nuestra Cancillería se estaría a cubierto por el “paraguas” de Octubre/89, el proyecto de Constitución de la Unión Europea, en su Título IV  sobre  La Asociación de los Países y Territorios de Ultramar (en adelante PTU), en el caso de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, coadyuva a las intenciones de la usurpación británica, bajo pautas de tipo Relaciones Económicas.

Así vemos que:

Con respecto a esos Territorios, el Art. III-286, en su párrafo 2° expresa “alcanzar el desarrollo al que aspiran...”; ”promover el desarrollo económico y social...”; y luego:  estrechar relaciones económicas...”.

Con ello la UE se acerca al texto de la Constitución de las Islas Malvinas, creada y promulgada por Decreto Real del Reino Unido el 20-03-1985, ya que ésta, en su Primer Capítulo, aduce que bajo el “derecho a la libre determinación”,  “...proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural...”; con la “ libre disposición de sus riquezas y sus recursos naturales...”; y con las obligaciones que “derivan de la cooperación económica internacional...”.

Y no es casualidad que ello también ensamble con el art. 73 del Capítulo XI “Declaración Relativa a Territorios No Autónomos”, de la Carta de las Naciones Unidas,

que en su inciso b) tiende a asegurar a los mismos “su adelanto...económico y social...”; reiterado en el inciso d) con la promoción de medidas de “desarrollo, cooperación con los organismos internacionales...”,  para la realización práctica de los propósitos de carácter “social, económico...”.

El Reino Unido ha promovido las presencia de habitantes de las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización (C-24) de las Naciones Unidas, para que en ese mismo orden de argumentación de autodeterminación, adujeran un pretendido derecho de “perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural...”.

La aplicación del principio de la “Cláusula de la Nación Más Favorecida” ha sido expresamente establecida en el art. III-287, a saber:

En el inciso a) le marca a  los Estados Miembros de la UE que  aplicarán a sus intercambios comerciales con los PTU  el régimen que se otorgan entre sí en virtud de la Constitución...”.

En el inciso b) le marca a los PTU que cada uno de ellos aplicará a sus intercambios comerciales con los Estados Miembros de la UE  y con los demás Países y Territorios “el régimen que aplique al Estado Europeo con el que mantenga relaciones especiales...” (Nota: caso Malvinas: Reino Unido).

La aplicación de principios embrionarios de “Unión Aduanera” se halla presente en el art. III-228, a saber:

En el apartado 1, le marca a los Estados Miembros de la UE que sus importaciones originarias de los PTU se beneficiarán de las prohibiciones de los derechos de aduana entre Estados Miembros establecidos en la Constitución...”.

En el apartado 2, a su vez, le marca a los PTU que les prohíbe “los derechos de aduana que graven las importaciones procedentes de los Estados Miembros y de los demás PTU...”.

En el apartado 3, su primer párrafo hace una excepción al apartado 2 , pudiendo los PTU percibir derechos de aduana que hagan a su necesidades de desarrollo, industrialización, o de carácter fiscal para nutrir su presupuesto; pero en su segundo párrafo dice que los derechos mencionados en el párrafo anterior “no podrán ser superiores a los que gravan las importaciones de productos procedentes del Estado Miembro con el que cada PTU mantenga relaciones especiales...” (Nota: caso Malvinas: Reino Unido).

En el apartado 4 se hace otra excepción, al no aplicarse el apartado 2 a los PTU que “por estar sujetos a obligaciones internacionales especiales, estén aplicando un arancel aduanero no discriminatorio...”.

En el apartado 5 se refiere a discriminaciones arancelarias de los PTU que perjudiquen importaciones procedentes de los Países Miembros de la UE, al indicar que el  establecimiento o modificación de los derechos de aduana en los PTU “ no deberá provocar, de hecho o de derecho, una discriminación directa o indirecta entre las importaciones procedentes de los distintos Estados Miembros...”.

En el art. III-289 se continúa con la salvaguarda, referido a las relaciones con Terceros Países, es decir No UE, No PTU; ya que cuando se trate de mercaderías procedentes de un Tercer País, que entren a un PTU, si los derechos aplicables a las mismas, y teniendo en cuenta el apartado 1 del art. III-288,  puedan originar desviaciones del tráfico comercial en perjuicio de uno de los Estados Miembros de la UE, el perjudicado “podrá pedir a la Comisión que proponga a los demás Estados Miembros que adopten medidas necesarias para corregir dicha situación...”.

Hasta aquí hemos visto que en este minucioso detalle regulatorio, que por otra parte excede el carácter general propio de los textos constitucionales, se concede al caso especial que nos ocupa, (el de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y Antártida), la titularidad de una especie de autogobierno económico, una autonomía económica, un manejo económico, propia de un Estado-Nación, no coincidente con las características de “Territorio No Autónomo” auto invocado por la usurpación británica.

Todo ello gira, peligrosamente, en dirección al autogobierno, o gobierno propio sin independencia, de los habitantes de las Islas, que Gran Bretaña ha introducido en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con la presencia de sus personeros.

Es de tener en cuenta que la Carta de ésta última, en el art. 74 del ya mencionado Capítulo XI, “Declaración Relativa a Territorios No Autónomos”, previene que las relaciones metrópoli – territorio no autónomo, debe tener en cuenta los intereses del resto del mundo en cuestiones de “carácter social, económico y comercial”. Y al decir el “resto del mundo” señalamos, especialmente en este caso constitucional bajo análisis, a las naciones extra-Unión Europea.

De lo que hemos aquí analizado, se puede sacar una nueva advertencia:

Todo esto se hace, en el caso Malvinas, Georgias, Sándwich, bajo el “paraguas” de Octubre de 1989.

Obsérvese cuánto avanza el Reino Unido con las pretensiones de los habitantes de las Islas (una pata no reconocida como parte negociadora por las   Resoluciones de las Naciones Unidas). Un clásico ejemplo de la “estrategia de la aproximación indirecta” británica.

Por ello, cuando el actual gobierno argentino acepta continuar con los Tratados Madrid-Londres 1989-1990 como marco regulatorio, y manifiesta “400 años de espera”, otorga lisa y llanamente una “zona liberada” para que el usurpador perfecciones su fechoría.

Y que hasta hoy haya incluido la riqueza ictícola, y pronto sea la riqueza de hidrocarburos y minerales. (Para el primero de estos dos últimos, el actual precio en alza del barril de crudo es un dato de singular importancia, dado el alto costo de la explotación “costa afuera”).

Merece un párrafo aparte el tema económico de las “Inversiones”.

Estas están mencionadas en el art. III-287, cuyo inciso c) dice que los Estados Miembros de la UEcontribuirán a las inversiones” que requiera el desarrollo progresivo de los PTU; y el inciso d) continúa que para las inversiones financiadas por la UE, “la participación en adjudicaciones y suministros estará abierta en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de los Estados Miembros o de los Países y Territorios”.

Esto nos lleva a la figura de la UE como “garante de inversiones”, en el usufructo extranjero de bienes y recursos naturales de un territorio y plataforma que son de nuestra Nación.

Para finalizar, obsérvese que en ningún momento de estas consideraciones, hemos mencionada la palabra “soberanía”, sino “economía”, “comercio”, “desarrollo”, etc.

Sucede, simplemente, que las últimas para tener sentido requieren de la primera. Se sobrentiende que sin el ejercicio de ésta, aquellas no tienen valor en texto alguno.

Por ello es que la pretendida Asociación vulnera los derechos argentinos, ya que este proyecto presupone el ejercicio de una soberanía que no es la Argentina, y lleva solapadamente hacia la piedra angular que el Reino Unido presentó en las Naciones Unidas

el 28 de abril de 1982 (Nota s/15007): la libre determinación, que no es aplicable para el caso de Malvinas, y que esgrime ante la caída de todos sus otros falaces argumentos.       

Así, la UE disfraza la usurpación británica con el apodo constitucional de “relaciones especiales”.                                                

Nota del año 2007

El voto negativo del proyecto de Constitución, por las consultas populares en  Holanda y Francia, debido por otra parte, a razones que no hacen al tema de los PTU, no significa que se invalide lo detallado en la presente, dado que la Asociación de los PTU, y su regulación, subsiste plenamente en otros documentos básicos de la UE.

Más aún, el impulso dado por la Presidenta de Alemania, Sra. Angela Merkel, a un nuevo proyecto que amalgama dichos documentos y el anterior, ha llevado a la concreción de una llamado Acuerdo de Lisboa, que se firmará el 13 de Diciembre de este 2007.

En un próximo trabajo se abordarán otros aspectos no tratados analíticamente en la presente.

 

Las Malvinas y la Constitución de la Unión Europea: Constitución Europea y relaciones económicas (II)

Giramos el estudio del orden jurídico y reglamentario que la UE ha sancionado y que está en la base de la llamada Constitución Europea y del recientemente firmado Tratado de Lisboa, que avalan la usurpación británica de nuestros territorios bajo el paraguas de la UE.

Este estudio es muy importante; se ha insistido por medios oficiales y otros, que la declaración de la UE sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, mares adyacentes y Sector Antártico Argentino declarándolos territorios de ultramar (PTU), no modifica el actual status en la controversia sobre soberanía entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Argentina, a partir de la ocupación militar colonialista del primero, contra nuestro país.
Sin embargo, el estudio realizado por el FPyP demuestra que de modo indirecto son reiteradas las formulaciones que la UE introduce avalando la soberanía (ilegítima) del Reino Unido de Gran Bretaña, es decir avalando la usurpación británica de nuestros territorios y colocando a nuestra Nación en una situación sumamente desventajosa en la disputa.

Debemos sumar a esto los anuncios británicos de reclamar las 350 millas a partir de las costas de los territorios usurpados, adjudicándose condición de país ribereño en el Atlántico Sur, siendo en realidad una potencia ocupante.

Este documento complementa y desarrolla el que con el título "Las Islas Malvinas y la Constitución de la Unión Europea" hemos hecho llegar al Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senadores), Estados Mayores de las FF.AA. y Fuerzas de Frontera, partidos políticos, etc., por lo que oportunamente lo haremos llegar a las autoridades correspondientes.

 

Buenos Aires, Diciembre de 2007

 

CONSTITUCIÓN EUROPEA Y RELACIONES ECONOMICAS (II)

 

En un primer trabajo, fechado en el 2005, y con un pie de cierre en el 2007, nos hemos referido, con el mismo título que la presente, a algunos aspectos conceptuales del Proyecto de Constitución Europea, el cual en aquel año sufrió un paréntesis por la no aceptación de Francia y Holanda en el proceso de consulta pública realizado en los Estados Miembros de ese bloque.

Decimos paréntesis, porque impulsado por la Jefa del Gobierno Alemán, Sra. Angela Merkel, se destrabó la situación, mediante un acuerdo que llevó a un instrumento que amalgama los documentos oficiales de la UE, incluido el proyecto paralizado, y que tiene lugar y fecha de firma: Lisboa, 13 de Diciembre 2007.

Ya hemos fijado que nuestro rechazo se centra en la denominada “Asociación de los Países y Territorio de Ultramar” (PTU), donde aparecen nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y también el territorio Antártico, en una caracterización ajena al ejercicio de los derechos argentinos, y que como hemos descrito en nuestro trabajo anterior, lleva a los fines que el Reino Unido pretende, tal cual son el del reconocimiento de su ejercicio ilegal y el entrampe en la autodeterminación de los custodios de su usurpación.

Voces del ámbito oficial de nuestro país, algunos ex funcionarios, y hasta catedráticos, han manifestado en diversos medios y oportunidades, que esa “Asociación” no colisiona con los derechos soberanos de nuestro país, pues esa simbiosis UE-PTU, (basada, para el caso de nuestros territorios australes, en la usurpación británica) solo se trataría de una Asociación para fines de desarrollo económico y social, llegando alguno a afirmar que oponerse a ella sería, por el contrario, una afectación a los principios de los Derechos Humanos.

No es la finalidad de ésta, revolvernos en una polémica con las antedichas personas, sino plantear nuestros análisis y puntos de vista, a la luz de la documentación a nuestro alcance y al leal saber y entender.

Pero primero, deseamos dejar perfectamente en claro, a nuestro criterio, que para los intereses soberanos de la República Argentina todos los actos que Inglaterra ha realizado desde su usurpación de 1833 hasta la fecha son de derecho absolutamente nulos, viciados de toda nulidad absoluta. Ese es el marco principal y fundamental que rodea a cualquier tema que se refiera a las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Y por ende, ese principio esencial hace que carezca de validez todo aquello que terceros interesados pretendan introducir; caso como el que nos ocupa en ésta, el de la Unión Europea y los PTU.

 

A la luz de esto, podríamos optar por dar por terminado el asunto y decir que ese es el límite y más allá del mismo todo análisis carece de relevancia, tanto fuere a favor como en contra.

Pero ello no nos inhibe de analizar y responder, en lo posible con la meridiana claridad que amerita, la intromisión del bloque europeo, el cual, en su actual figura de UE reitera así su desgraciada participación de 1982 en su anterior calidad de CEE, en contra de los legítimos intereses soberanos argentinos.

Más aun teniendo presente la relación que en el ámbito internacional se da entre la República Argentina y la UE, tanto con ésta como bloque, como individualmente con sus estados miembros; y también como parte activa del MERCOSUR y los compromisos  inter bloques, actuales y futuros.

Así pues, nuestros siguientes pasos nos llevan a la documentación reguladora de la pretendida e ilegal Asociación:

Decisión del 27 Noviembre 2001 del Consejo de la Unión Europea:

En este extenso cuerpo se halla minuciosamente detallada la mecánica operativa.

Del análisis de su texto surgen temas específicos, como:

Las partes intervinientes:

Ellas son:

Los países miembros de la UE., que a su vez se dividen en:

miembros con PTU (4)

miembros, sin PTU.

Los PTU., divididos a su vez en más desarrollados y menos desarrollados.

Las Regiones ultraperiféricas.

Los Estados ACP. Que a su vez se individualizan como:

Vecinos a los PTU.

No vecinos a los PTU.

Los Terceros Países

              

Una primera pregunta: ¿Para la UE, dónde se encuadraría a la República Argentina, en su relación con sus Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y su porción antártica?.

Veamos, es simple:

Los países miembros de la UE: con PTU son: Dinamarca.

Francia.

Holanda.

Reino Unido

sin PTU son:  los restantes (actualmente 23).

              

Los PTU son, por definición de la UE, los detallados en su Anexo correspondiente, (entre los cuales se incluyen a Malvinas, Georgias, Sándwich y la pretendida Antártida británica), y que mantienen “relaciones especiales” (¿?) con determinado País miembro del cual “dependen” (según algunos tramos del documento) o “a él vinculados” (según otros tramos del mismo).

Las regiones ultraperiféricas figuran en el apartado 2 del art. 299 del Tratado, y son: Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión, Canarias, Azores, Madeira.

Los Estados ACP, son determinados países del África (A), el Caribe (C), y el Pacífico (P), con los cuales existe una Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

Los Terceros Países, son el resto del mundo, que no está comprendido específicamente en la enumeración taxativa que hace el documento, y donde por supuesto allí está la República Argentina.

Del frondoso articulado de las diversas relaciones de los PTU con cada una de estas categorías, puede tomarse al azar uno que ilustra sobre el particular:

En el artículo 16, en su inciso 1, acápite  b) se habla de acciones acordadas entre un PTU con un Estado Vecino”. Esto sería PTU (Malvinas), Estado Vecino (República Argentina). Y en su inciso 2, acápite e) se habla de “los PTU entre sí,  con las regiones periféricas, los Estados ACP, u otros Terceros Países”. Reiteramos: PTU (Malvinas), Tercer País” (República Argentina).

              

Lo interesante, además, es que ese artículo se refiere a la “cooperación e integración regional”. Es decir, que esas “acciones acordadas” serían en el marco de una “integración regional y sub regional”.

Obsérvese que para haber una integración, tienen que existir previamente partes independientes una de otra, que se juntan circunstancialmente para un determinado fin.

Ergo, para la UE., los territorios de Malvinas, Georgias, Sándwich, Antártida, (PTU), son partes independientes de la República Argentina, (considerado Estado Vecino, Tercer País). y que podrían eventualmente relacionarse con ésta, a fines de una accidental cooperación e integración regional de algún tipo.

En sus Considerando, el Consejo de la UE, deja asentado en el punto 6, que “Los PTU no son terceros países”. Está diciendo claramente que no se les puede adjudicar la pertenencia a país alguno que forme parte de esa clasificación, (como lo es la República Argentina).

Lo dicho se refuerza en el punto 21 del mismo Considerando, donde asevera que “Los PTU son entornos insulares frágiles que requieren una protección adecuada”.

En el punto 19 habla de facilitarles una integración progresiva en la economía regional y mundial, asistiéndoles para que puedan reforzar su capacidad de negociar con esos entornos. (Recalcamos la palabra “negociar”. Negocia quien tiene personería o autonomía. Es un acto soberano)

De hecho, uno de esos entornos con los cuales negociar sería la República Argentina.

Prueba de ello, es lo que prescribe el art. 12 en su inciso k) apoyo a los esfuerzos de los PTU para penetrar más eficazmente los mercados de terceros países”. (Recuérdese Argentina = Tercer país)

En tanto, para esos territorios, la UE monta un sistema de relación, cuyo eje es el Reino Unido.

En el Capítulo 3 (“Principios y procedimientos de la mancomunidad PTU-CE”), su art. 7 (“Diálogo y mancomunidad”), fija consultas y concertaciones, entre los PTU, “los Estados miembros de los que dependan” , y la Comisión, creando además un Foro PTU, que se reunirá anualmente.

Para mayor abundamiento, véase que el artículo expresa que dicha concertación trilateral se denominará “mancomunidad”, y a sus integrantes “socios”.

 

También se refiere al respeto de las “las respectivas competencias institucionales, jurídicas y financieras de cada uno de los tres socios.”. concepto que se repite en el art. 9 (“Gestión”).

Demás está aclarar que las competencias institucionales y de todo tipo sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y territorio antártico, le pertenecen de pleno derecho a la República Argentina, pero que, en el caso de las tres primeras, la ilegítima presencia británica por usurpación de territorios, le impide el ejercicio de las mismas; por lo tanto el “respeto” que proclama, la propia UE no lo cumple.

El artículo 7 prevé que puede incorporarse el Banco Europeo de Inversiones.

Autoridades

Es éste un aspecto muy especial que surge en el instrumento bajo análisis.

Tanto en la parte de los Considerando como en el articulado de la Decisión, se habla de “las autoridades competentes de los PTU”.

En el Capítulo 2 (“Agentes de la cooperación en los PTU”), el art. 4 (“Principios”) le asigna a “las autoridades de los PTU” la “responsabilidad de definir las estrategias de la asociación”, como así también su desarrollo, aplicación, y los llamados Documentos únicos de programación.

En su art. 5 (“Los distintos agentes”), consigna que en el proceso intervendrán:

-las autoridades de los PTU.

-las autoridades regionales y locales y demás autoridades públicas competentes de los PTU.

 -otros entes y personas, no oficiales, como la sociedad civil, ONG, etc.

Y son los “Estados miembros de los que dependan los PTU” quienes informen a la Comisión sobre las autoridades nacionales, regionales o locales competentes.

Cabe aquí, entonces una segunda pregunta: ¿La UE, a quién considera autoridad competente de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur?

Al reconocer al Reino Unido como Estado miembro del que dependen nuestros archipiélagos, el bloque europeo acepta en consecuencia los instrumentos (para nosotros ilegítimos) que ese Estado ha introducido en su, (para nosotros ilegítimo, para la UE no), ejercicio de una soberanía que no le corresponde.

Se trata de la llamada Constitución de las Islas Malvinas (a nuestro criterio, un triste  Reglamento colonial), dictada por Decreto Real de la Corona, el 20 de marzo de 1985. (Cabe aclarar que mediante un segundo Decreto Real, con misma fecha, se promulgó una constitución separada para las Georgias del Sur y Sándwich del Sur).

Ya que se presenta como Constitución seguiremos la premisa universal de que esos instrumentos determinan quién manda y por cuanto tiempo, es decir quién detenta la autoridad.

Para su análisis seguiremos las pautas de un documento de las Naciones Unidas, (el A/AC 109/835), preparado por la Secretaría del Comité de Descolonización (C-24).

En el Capítulo de “El Gobernador”, dice que el mismo es nombrado por la Reina y permanece en su cargo “a discreción de Su Majestad”. Es decir, mientras ésta lo considere pertinente.

La única limitación que se le presenta en su actuación a este funcionario británico de la Corona, aparte de la antedicha permanencia, es que deberá ajustarse al asesoramiento del Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas respecto de cualquier asunto relacionado con la defensa o la seguridad interna, salvo las cuestiones de policía. Más allá de eso, su poder es total, a punto tal que ningún tribunal podrá investigar las medidas adoptadas por él en virtud de la “Constitución”.

Por razones de tiempo, dejamos para otra oportunidad nuestra afirmación que esa subordinación al oficial de las fuerzas militares en las islas indica claramente el carácter de invasión militar, es decir el uso de la fuerza, que detenta la usurpación de una parte de nuestro territorio nacional, el quebrantamiento territorial que sufre la República Argentina, ahora avalado por la UE, llegando por aquel medio a regir inclusive la seguridad interna del archipiélago.

Para ilustrar con mayor crudeza la autoridad del funcionario real y a través de él, la de la Corona Británica, debemos aquí introducir a dos institutos contemplados en la “Constitución”, que tímidamente tratan de ser un atisbo de seudo representaciones tentativas de la voluntad de los habitantes de las Islas: los Consejos, Legislativo y Ejecutivo.

En primer término, el Legislativo.

Dejamos de lado, por razones de brevedad, las particularidades que deben presentar sus integrantes para ser tales, como por ejemplo, ser ciudadano del Commonwealth. Haremos sí mención a dos de ellas: 1. “No podrá ser miembro del Consejo quien, entre otras cosas, por acto propio, haya reconocido lealtad, obediencia o fidelidad a una Potencia o Estado extranjero”; y 2.  Asume con mandato de continua lealtad y estrecha cooperación con el Reino Unido, y de no concesiones sobre soberanía a la República Argentina.

Corresponde al Gobernador la facultad de dictar las leyes, previa consulta con el Consejo.

Si bien cualquier miembro del Consejo puede presentar un proyecto o presentar una moción,  los proyectos de ley para recaudar fondos solo pueden proceder por recomendación del Gobernador.

Así mismo, los proyectos de ley requieren el consentimiento del Gobernador para pasar a ser “ordenanzas” que es el nombre con que se designan las leyes en el Territorio. Sin embargo, el Gobernador conserva la facultad de vetar un proyecto de ley o de reservarlo para que Su Majestad “proceda a discreción”, es decir para que la Reina por intermedio de un Secretario de Estado, lo apruebe o lo rechace si así lo estima pertinente.

Además, es obligatorio el consentimiento de Su Majestad para determinadas categorías de proyectos de ley, incluido todo aquél en que se confiera a la Corona la propiedad de minerales, o que contenga disposiciones que, a juicio del Gobernador, son incompatibles con las obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud de un tratado.

La Reina, también actuando por intermedio de un Secretario de Estado, se reserva la prerrogativa de rechazar leyes aprobadas por el Gobernador

El Gobernador tiene la facultad de declarar aprobado o promulgado todo proyecto de ley en la forma que él juzgue razonable y apropiado.

El Gobernador puede, en cualquier momento, disolver el Consejo.

Veamos en segundo término, el Ejecutivo

Con arreglo a lo dispuesto en la “Constitución”, en el Territorio el poder ejecutivo está representado por la Reina, y es ejercido por el Gobernador en nombre de Su Majestad.

El Consejo Ejecutivo es convocado y habitualmente presidido por el Gobernador.

Como en el caso del Legislativo, por razones de brevedad no entraremos en el detalle de su composición, ni en las condiciones requeridas.

El Gobernador puede actuar contrariamente a la opinión del Consejo, cuando lo considere apropiado.

 

Asimismo, el Gobernador puede actuar sin consultar al Consejo:

-siguiendo instrucciones de Londres.

-cuando requiera recabar el parecer del Comandante de las Fuerzas Británicas.

-cuando se trate de una función que deba ejercer a discreción.

-cuando se trate del asesoramiento ajeno al Consejo.

-si juzga que la consulta ocasionaría daños materiales al servicio de Su Majestad.

-si considera razones de urgencia.

El Gobernador, actuando a discreción o después de consultar, se reserva la facultad de hacer o rescindir nombramientos para ocupar cargos públicos y de ejercer control disciplinario respecto de los funcionarios públicos.

La “Constitución” prevé un Poder Judicial, con una Corte Suprema y un Tribunal de Apelaciones, cuyos magistrados son nombrados por el Gobernador siguiendo instrucciones impartidas por la Reina por intermedio de un Secretario de Estado.

El Tribunal de Apelaciones puede reunirse en las Islas Malvinas, o en cualquier otro lugar.

Cabe advertir que el Comité Judicial del Consejo de la Corona en Londres, conserva su competencia legal para en determinados casos, oír apelaciones de los fallos del Tribunal.

En la “Constitución” no se prevén disposiciones de Gobierno local, así se carece de una estructura en tal sentido.

En la sección 5 del Decreto Real por el que se sancionó la “Constitución” se dispone que Su Majestad tiene plenas facultades para dictar leyes por las que se enmiende o revoque la misma.

Como queda demostrado por este instrumento público del Reino Unido, la autoridad constituida en la usurpación de nuestras Islas Malvinas, es una línea oficial que se origina en la Corona británica y se ejecuta en la figura de un Gobernador, funcionario de esa Corona, o, si fuere el caso, un oficial al mando de las fuerzas británicas de ocupación.  Es decir, de ninguna forma es un poder decisorio ajeno a la metrópolis, que ejecute medida alguna, cualquiera fuere el carácter de ésta, de manera  autónoma del poder central.

Existe un nivel consultivo, que cumple funciones de asesoramiento al poder real, para que éste, si lo considera pertinente, tenga en cuenta, al ejercer su autoridad, la incidencia que sus medidas de gobierno puedan, de alguna forma, tener en los súbditos británicos que desde 1833 ha implantado en las Islas para ejercer la custodia de su usurpación. 

Queda demostrado en el instrumento público británico que esos Consejos, pomposamente denominados de carácter Legislativo y Ejecutivo, tienen muy pobre valor, y su estabilidad es más que precaria, primero porque su vicio de origen proviene de su creación, segundo porque no tiene poder decisorio, y tercero porque puede ser disuelto, sea por voluntad del ejecutor inmediato del poder, el Gobernador, como por un Decreto Real del mandante de éste.

Así, pues, nos encontramos que si la UE, por una parte, considera autoridad al Gobernador, está reconociendo el ejercicio pleno de soberanía británica sobre las Islas, ya que dicho funcionario y el gobierno británico es una misma cosa, y por otra parte, de ningún modo puede reconocerse como autoridad a ninguno de los dos llamados Consejos.

Y si ésta UE así tratara de hacerlo, estaría incurriendo en una seria y fragante violación a la voluntad de Naciones Unidas, que de ningún modo consideran a los habitantes de las Islas Malvinas titulares de autoridad alguna; ni lo pueden ser nunca, por no guardar los requisitos universales que se requieren para ello.

En este último caso estaría, como lo hemos advertido en estos trabajos, abriendo el paso desembozadamente, por medio del artilugio de carácter económico, financiero, y social, al argumento británico sobre la autodeterminación de los habitantes, cuya invalidez ya ha sido plenamente argumentada reiteradas veces en el seno de aquél organismo internacional por nuestro país y el Grupo Latinoamericano; como así también en la Organización de Estados Americanos (OEA), al punto del famoso proyecto de Miguel Angel Zavala Ortiz aprobado en el Acta de Washington (1ra. Conferencia Interamericana Extraordinaria) del 18/12/1964.

Entendemos, entonces que esta Comisión de la UE está entrampada, en cuanto al término “autoridad de los PTU” en lo que hace a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el reconocimiento de la soberanía británica sobre las Islas, con todo lo que ello implica en la relación de ese bloque con la República Argentina, sea por un lado con la aceptación de un gobierno oficial de la metrópolis, o por el otro lado con el reconocimiento de una ficción de autoridad de sus habitantes; autoridad que como ya hemos indicado, no es tal., tanto de hecho como de derecho. Y por cuanto además el Decreto Real británico dictando la “Constitución” de las Islas, no tiene para la República Argentina validez alguna, por afectar a un territorio de su soberanía.

 

También, debemos recordar que por imperio del “ius soli”, las personas que nacen en territorio de la República Argentina son de nacionalidad argentina, y por ende sujetos a su legislación. Así, por ser las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, y proyección antártica, parte de su territorio, los nacidos en ellas son argentinos.

En este caso, de considerar la UE autoridad a algún nacido en las Islas, ese bloque europeo estaría promoviendo y/o avalando una acción segregacionista llevada a cabo por un argentino dentro de la República Argentina, por más que por la ley de nacionalidad inglesa ese habitante pretenda hacer valer ésta. De todas maneras, en esta última instancia, la UE igual estaría ignorando el derecho argentino. 

Ambitos

En la Segunda Parte, los articulados se explayan en una serie pormenorizada de las  relaciones que la UE denomina “Ámbitos de cooperación”.

En el primer párrafo del artículo 11, la UE define su figura de “garante”, cuando dice que “la cooperación apoyará las políticas y estrategias”. Es decir, no sería lo mismo un “frágil entorno insular” (como califica a las Islas en el punto 21 de los Considerando), que ese mismo “frágil entorno” con el “apoyo” (subterfugio de “paraguas”) de seguridad del bloque.

Así desfilan en sus artículos, los sectores productivos, el comercio, los servicios, las vinculaciones conexas, los sectores sociales, la cooperación cultural, etc.

Sin duda que los permisos de pesca, que tan impunemente han sido otorgados por el usurpador en las Islas, presentados engañosamente al mundo y a nuestro país (verdadero dueño de esa riqueza ictícola), como un fenómeno “per cápita” sin parangón en la economía mundial, se ven amparados por la “política de pesca” del inciso c) del artículo 11, aunque la realidad de la depredación central y periférica ocasionada sea a contrapelo de la “protección y gestión racional de las poblaciones de peces” que el inciso pregona.

La extracción de los nódulos polimetálicos en el entorno marítimo de las Islas, críticos de las industrias estratégicas y aeroespaciales, “los más importantes de que dispone un país ribereño en todo el Atlántico  desde Groenlandia hasta la Antártida” (Dr. Antonio E. PocoviTalaso Política del Mar Austral”, 2001), primariamente relevados por los estudios marinos, enormemente costosos en la inversión operativa de exploración y explotación, se hallan garantidos por la cobertura del bloque europeo, en el inciso f) del mismo artículo, cuando habla de la “política minera”.

 

La explotación de la riqueza hidrocarburífera, a tenor de la “política energética” y de la “utilización eficaz de los recursos energéticos”, es una premisa que se sienta en el inciso g) del artículo 11, y que actualmente se potencia, como hemos expresado anteriormente, con el aumento del precio internacional del barril de petróleo, elemento clave para incursionar en las extracciones marítimas denominadas “costa afuera”. Por supuesto, petróleo y gas, sinónimo actual de la palabra “energía”.

Una constante que se ha venido dando en el mundo globalizado de las finanzas, el comercio, la economía, es la de los llamados “paraísos fiscales”. Originalmente función ejercida en un especial país de la Europa central, estos enclaves se desarrollaron en determinados archipiélagos, que tomaron así su principal característica, al punto de reemplazar la tradicional imagen turística que mostraban. Cabe aquí preguntarse como hipótesis, si el inciso k) del art. 11 no contribuye a ello al promover una política de “servicios financieros”, o del “sector financiero”, en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y territorio antártico.

 En el artículo 12, (“Desarrollo del comercio”), bajo el manto de una disciplina base de la actividad económica, como lo es el comercio, la minuciosa enumeración enfoca hacia las relaciones con los acuerdos regionales. Para un argentino, ¿cabe imaginar a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, territorio antártico, negociando con , por ejemplo, el Mercosur, del cual es parte la República Argentina?. Pues el inciso 1) del artículo así lo prevee, ya que las acciones de la UEtendrán por objeto procurar que los PTU se beneficien al máximo de las disposiciones y puedan participar en las mejores condiciones tanto en los mercados comunitarios como en los interiores, subregionales, regionales e internacionales”.

O más aún, negociando con la República Argentina, lo cual, según la UE, podría darse, cuando en el inciso k) dice: “apoyo a los esfuerzos de los PTU  para penetrar más eficazmente los mercados de terceros países”. Lo trágico de esto nos exime de mayores comentarios.

Para nosotros la palabra “autonomía” está en la misma sintonía que la palabra, (e idea) “autodeterminación”. Creemos que el inciso 2) del art. 12 entra en ello al decir que “Aparte del desarrollo del comercio... se prestará especial atención las acciones destinadas a incrementar la autonomía de los PTU...”. Cabe también aquí preguntarse ¿autonomía de quién?. De la República Argentina, parece que no, ya que la UE, por su cuenta, e ilegalmente, está prejuzgando, de inicio, que son territorios de ultramar asociados a ese bloque porque así lo ha presentado, precisamente, el Reino Unido; y si no fuere así ese prejuzgamiento, entonces la UE está promoviendo la segregación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y sector antártico, de la soberanía argentina. En “contrariu sensu” de lo anterior, si la UE entendiere que en vez de ser una autonomía de la República Argentina, fuera una autonomía del Reino Unido, entonces la UE está coadyuvando de pleno al juego del Reino en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, atento, entre otras cosas, a la nota presentada por Gran Bretaña el 28 de Abril de 1982 ante el Consejo de Seguridad de ese foro internacional (Doc. UN.  S/15007), donde argumentaba “dejar de lado los títulos históricos y concentrarse en el derecho de la libre determinación” (Ver V. Guillermo Arnaud “Soberanía y Recursos del Mar”, La Nación, 6-4-2001).

En el art. 13 (“Comercio de servicios”), el inciso 2c) habla del “incremento de la participación de los PTU en los servicios internacionales de transporte marítimo”. Sin duda, la ubicación geográfica de nuestros archipiélagos australes es  privilegiada estratégicamente, y de ello el transporte marítimo puede hacer buen uso de servicios. Pero hay un aspecto negativo, hoy en crecimiento en dicho ámbito, que son las denominadas “banderas de conveniencia”, cuyos puertos de registro ponen a recaudo a los propietarios y/u operadores de buques en los aspectos fiscales y laborales. Algo tal vez, relacionado también con los “paraísos fiscales” que apuntamos con anterioridad. El uso de la “bandera de conveniencia” es ofrecido, generalmente pero no excluyente, por enclaves insulares,.(Algunos enclaves que brindan esos “servicios”, casi todos dependientes, o relacionados, con la UE, y el Reino Unido y el Commonwealth –riqueza común-, son: Islas Antigua y Barbuda, Isla de Aruba, Islas Bahamas, Islas Barbados, Islas Bermuda, Islas Canarias, Islas Cayman, Islas Cook , Isla de Chipre, Gibraltar, Isla de Malta, Islas Marshall, Islas Antillas Holandesas, Islas San Vicent & Granadines).

En la situación especial de asentamiento de fuerzas armadas invasoras que se da en nuestras islas, con una base aérea militar como la de Mount Pleasant, cabe hacer una observación sobre la palabra “vigilancia” , que el art. 13, inciso 4-a), bajo la cortina de “comercio de servicios”, indica de poner en práctica sistemas de “seguridad” aérea, con lo cual la UE roza peligrosamente el campo del apoyo logístico militar a la usurpación. Concepto que también se refuerza en el 4-c) sobre “desarrollar las infraestructuras” en el mismo tema; asimismo en el 8-c) sobre “utilización de frecuencias”, el 8-d) sobre “tecnología de comunicación y desarrollo de nuevos equipos”, y el 9) sobre “garantizar una complementariedad y armonización de los sistemas de comunicación”.

La UE, en el inciso 7, introduce a los PTU en el marco internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con lo cual, en el caso de nuestras islas,  acerca a la usurpación a un reconocimiento global con la pantalla de las relaciones comerciales entre países.

La argumentación más sostenida en las Naciones Unidas por la República Argentina y los restantes países componentes del bloque Latinoamericano, con referencia a la pretendida autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, es la imposibilidad del ejercicio de tal principio por parte de éstos, pues no constituyen “un pueblo autóctono”, es decir fueron asentaron a partir de 1833 provenientes de diversas regiones del Imperio, y  en calidad de custodios de la usurpación en ese año realizada y que provocó el quebrantamiento territorial de nuestro territorio en la zona austral.

 

Por lo arriba indicado, la UE entra peligrosamente en un campo muy delicado, cuando con la cobertura del tema turístico, trata sobre la “protección y conservación” de los “bienes históricos y sociales”, elementos que suelen ser manejados muy hábilmente cuando se trata de justificar supuestas pretensiones originarias.

Lo comentado en los dos párrafos anteriores vale también para el art. 15 (“Sectores sociales”), cuando habla sobre el “refuerzo de la política de enseñanza” y  formando al profesorado”. En un tema tan delicado, como lo es la enseñanza, cabe aquí preguntarse: Esa enseñanza y formación, a la cual contribuirá la UE, ¿cómo considerará a la usurpación? ,  ¿y a las islas como parte del territorio argentino?. Debemos recordar nuevamente que si los educandos son nacidos en el archipiélago, se trata de ciudadanos argentinos por aplicación del “derecho del suelo” vigente en nuestra Nación.

El art. 17 (“Cooperación cultural y social”), es un broche a todo lo que hemos expuesto, pues dice, por ejemplo, que: “La cooperación contribuirá al desarrollo autónomo de los PTU, centrado en las propias personas y con sus raíces en la cultura de cada pueblo”,  y promoverá “su identidad cultural”. Asimismo, que la cooperación se ejercerá principalmente “fomentando las identidades culturales”, y la “protección del patrimonio cultural”.

De la mano de la Unión Europea, tanto el reconocimiento de nuestros territorios australes usurpados formando parte del Reino Unido de Gran Bretaña, disfrazado con la máscara de “relaciones especiales”, es un hecho en sus documentos,  como la autodeterminación de los habitantes de las Islas, falaz y último argumento que enarbolan los británicos, está a un paso.